El pasado 26 de abril, la Municipalidad de Santiago hizo un anuncio de alta significación en el marco del desafío que implica avanzar hacia la democratización de la enseñanza en el país. En efecto, el acceso a los distintos niveles de educación formal, actualmente limitado a la capacidad de pago de cada cual, no agota en lo más mínimo el proceso de aprendizaje si éste, en su dimensión social, no es capaz de convertir los modelos educativos en exploraciones abiertas al debate.
En ese sentido se inscribe la decisión edilicia de otorgar carácter resolutivo a las definiciones de los consejos escolares de los colegios municipales, instancias que reúnen en una misma mesa al director del establecimiento, a los docentes, paradocentes, centro de estudiantes y centro de padres y apoderados.
Dichos organismos, que hasta esa fecha sólo habían tenido carácter ornamental al lado de las decisiones unilaterales del titular del centro educativo, dispondrán de una estructura que asigna derecho a voz y voto a sus miembros. “La ley establece la obligación de crear los consejos escolares, pero en la práctica han funcionado en forma intermitente o ni siquiera existen, y es porque sus integrantes consideran que nada importante se decide ahí”, manifestó la alcaldesa, Carolina Tohá, quien subrayó que “hemos decidido dar este gran paso en Santiago de entregar potestad resolutiva a estos consejos” (lanacion.cl, 26 de abril). Al respecto, la autoridad edilicia planteó que “la única manera de reconstruir las confianzas es escuchando, que es lo que corresponde a una instancia que es educativa”.
Cabe señalar que los consejos escolares que hayan cumplido un año de funcionamiento serán resolutivos en las siguientes materias: proyecto educativo institucional, programación anual y actividades extracurriculares y reforma y aprobación del reglamento interno de cada establecimiento.
Lo relevante de la decisión adoptada es que, con ella, el concepto de aprendizaje en la educación formal incorpora el desarrollo y fomento de las facultades de organización de los diversos actores involucrados en el proceso lectivo, lo que exige de cada cual una mayor preparación, pues haber introducido el principio de la corresponsabilidad en el diseño de la agenda educativa de cada colegio es una invitación también, por modesta que parezca, a que las fuerzas vivas de la sociedad elaboren argumentos, discutan normas y leyes y, sobre todo, abracen la cultura del debate. En ese sentido, es de esperar que las demás comunas del país hagan lo propio, porque ello constituirá el primer peldaño para que la sociedad civil integre igualmente un Consejo Nacional de Educación de conformación democrática y con capacidad real de sintetizar su cometido en políticas públicas.
Editorial Nº 93 de la revista Academia Libre. /Usted podrá solicitarla gratuitamente en el Café Crónica Digital)
Santiago de Chile, 8 de mayo 2013
Crónica Digital
