Buscando establecer medidas que favorezcan la movilidad social a través del ámbito educacional, un grupo transversal de diputados, encabezados por Jorge Tarud (PPD), presentó una reforma constitucional (boletín 8375) que establece el deber del Estado de fijar aranceles máximos en las carreras de educación superior.
El proyecto, derivado a la Comisión de Constitución para su estudio, fue ingresado a trámite el pasado 19 de junio por el diputado Tarud junto a los diputados Sergio Aguiló (Ind), Sergio Bobadilla (UDI), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Manuel Monsalve (PS) y Mario Venegas (DC).
Para los legisladores, es importante corregir esta grave distorsión, entendiendo que la solución pasa por que el Estado asuma, cuando menos, un rol de garante y que vele tanto por que se cobren aranceles justos, como por que el costo financiero de la educación también sea el justo.
Sostuvieron que esta situación se plantea como necesaria para todos los estudiantes, incluso para aquellos que reciben algún tipo de beca o crédito del Estado, dado que estos cubren hasta el 100% del arancel de referencia de la carrera y no el arancel real que cobran las instituciones.
Los diputados plantearon que el arancel de referencia, además de constituir un limite para la entrega de becas y créditos, debiera transformarse en un arancel máximo, de manera que ninguna universidad se permita establecer aranceles muy altos que favorecen la discriminación.
Además, consideraron que la entrega de educación constituye un bien muy preciado e importante que el Estado debe salvaguardar, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
Santiago de Chile, 29 de junio 2012
Crónica Digital / Agencias
