En la discusión sobre financiamiento de la educación superior ha aparecido un nuevo distractor: echarle la culpa a los rectores del CRUCh porque las carreras que dictan sus instituciones serían muy largas. Qué abaraten costos les piden ahora, qué acorten las carreras, siguiendo la tendencia de los Super 8 y las Negritas. Los rectores no se han plegado a esta nueva arremetida contra la educación pública y la han entendido como atentatoria contra la calidad de los futuros profesionales. Tampoco adhieren al tratamiento de los estudiantes como unidades de producto, una odiosa e inconveniente extrapolación desde la industria a la educación. La educación superior es cara y mantiene endeudadas a las familias chilenas, pero digámoslo, esto se debe al esquema de financiamiento que le han impuesto como un motor privatizador que no ha terminado aun de operar. Financiar la demanda y no la oferta ha sido el lema aplicado con fundamentalismo irreflexivo.
El año pasado pareció que se había tocado el fondo de la paciencia de los chilenos, sin embargo, volvemos a chocar con las mismas paredes: el proyecto de ley de financiamiento estudiantil enviado por el gobierno es más de lo mismo, o peor, porque a vista y paciencia de todos, introduce un impuesto adicional a los futuros profesionales. En efecto, sale la banca, entra la Tesorería y luego a los estudiantes que reciban crédito “se (les) descontarían los recursos por planilla, el empleador tendría que retener y le pagaría a la Tesorería, como le paga los impuestos”, tal cual, en palabras del propio ministro Beyer. Más aun, se termina con el fondo solidario y se aumentan los recursos a instituciones privadas. Todo eso sin un ápice de regulación del sistema y sin introducir un solo elemento que termine con el lucro. En suma, se le agrega un ladrillo más a las paredes de la fortaleza del lucro y los conflictos de interés, mientras que las buenas instituciones y las carreras se precarizan y los estudiantes se endeudan y “vaucherizan”.
Frente a esta pesadilla, que parece salida de la película The Wall, los rectores han respondido claro y fuerte: se necesita con urgencia una revisión total del sistema de educación superior porque los remiendos ya no son posibles. Los rectores han señalado también que ese nuevo diseño no puede ser construido por pedazos ni a punta de proyectitos parciales o convenios de desempeño, puesto que esta forma de financiamiento concursable, si bien ha permitido que surjan importantes iniciativas durante los últimos 10 años, no les ha dado estabilidad y las ha dejado como “experiencias piloto”. Bien bueno sería que aquellas exitosas se consolidaran dando cuerpo a esa política de estado en educación superior que tanto necesitamos. Lo que se le demanda al Ministro de Educación es precisamente eso: una verdadera política de estado que considere la estructura del sistema, su regulación y adecuados instrumentos de financiamiento para asegurar estabilidad en un área donde se juega nada menos que el desarrollo del país y de sus jóvenes.
En el asunto de duración de las carreras, un problema complejo y de múltiples variables estrechamente relacionadas, sobre el que hemos sido consultados, la cosa es igualmente clara: las universidades del Consejo de Rectores proponen darle un tratamiento sistémico enmarcado en un plan con sentido de “proyecto país” y manifiestan que no están disponibles para juegos de abaratamientos, porque se trata de la formación de jóvenes, futuros profesionales, que llegan con carencias formativas desde las etapas previas y hay que acogerlos nivelándolos. Se trata, también, de formarlos para el ejercicio de las profesiones porque en Chile las carreras son habilitantes. Hay que reconocer que en nuestro país, no se ha desarrollado aun un sistema de educación robusto que incluya un postgrado del tamaño que se requiere. En efecto, del millón de estudiantes en educación superior, solo un 7,5% accede a una vacante y un escaso 6% a una beca de postgrado. En este panorama, los problemas de deserción y demora en la titulación oportuna no pueden ser resueltos con la simple medida de acortar carreras, cuestión que, incluso, podría empeorarlos.
En otros países, como los de la OECD por ejemplo, es distinto: los estudiantes llegan con gran fortaleza formativa y pueden ingresar directo a materias universitarias y luego, al egresar del nivel equivalente a nuestro pregrado, no se dirigen inmediatamente al mercado laboral sino que destinan otro periodo a continuar estudiando, a veces incluso cambiando de área. Es un error entonces, porque no es comparable, decir que en Chile las carreras duran mas que en la OECD, como sostienen por estos días algunos expertos nacionales.
En educación superior, la precisión de los conceptos, la coherencia de argumentos y la transparencia de propósitos en el debate y decisiones se requieren para no confundir a la opinión pública. Es útil distinguir duración formal y duración real de carreras, titulación oportuna y deserción. El llamado “acortamiento de carreras” es una acción que se aplicaría sobre la duración formal y debe ser entendida en referencia a un perfil de egreso y a los logros de aprendizaje. El problema de la duración de las carreras es de tal naturaleza y complejidad que no permite un análisis reduccionista pues limitarlo a la mera perspectiva económica y del cálculo de costos tendría graves consecuencias sociales, culturales, regionales, epistemológicas e incluso, económicas.
A las familias chilenas se les impone una pesada carga financiera para que sus hijos e hijas se eduquen, pero además se les deja sin protección frente a instituciones que las engañan usando la denominación de universidad sin serlo verdaderamente. Hay muchísima mas preocupación y control por la denominación de origen en la industria vitivinícola, por ejemplo, seguramente porque incide en la credibilidad exportadora del país, que en el control de la calidad y ética de la educación. Para evitar estos engaños no hay información pertinente y oportuna que baste; lo que se requiere son fuertes instrumentos de regulación porque, en educación superior sobran las evidencias, el mercado no regula. Si las multitudinarias marchas de los últimos meses no lo consiguieron, debiera ser suficiente el escándalo de la Universidad del Mar para remecerlos a todos de vergüenza e iniciar el cambio profundo del sistema y del modelo
Aliviar la carga financiera que la educación superior impone a las familias chilenas es una tarea del Estado que este gobierno sigue eludiendo. Este grave problema nacional demanda con urgencia un plan gradual que tienda hacia la gratuidad y el financiamiento de la oferta. Tratar de resolverlo acortando las carreras es equivocar del todo el foco y el camino. Con este nuevo empecinamiento, el ministro Beyer conseguiría un certero deterioro de la calidad en las universidades públicas, aunque sin dudas, esta no es su meta.
Habría que advertirle: Ministro ¡protéjase de los super expertos!
Por: Roxana Pey, Francisco Durán y Pablo Jorquera
Asesores del CRUCH y CONFECH, Investigadores CENDA.
Santiago de Chile, 7 de junio 2012
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