“Ya no veo noticieros en TV y dejé de comprar diarios. Me informo casi exclusivamente vía redes y medios digitales”, comentaba hace poco un amigo adicto a la actualidad política nacional e internacional.
Cierto es que la cantidad de usuarios de medios digitales y redes sociales crece vertiginosamente y muchos queremos ver en ello la a posibilidad de romper cercos informativos tendidos por los medios masivos.
Sin embargo, el fuerte atractivo que tiene para millones de personas el acceso a espacios de expresión directa genera la ilusión del acceso igualitario y no intermediado, distrayendo de factores sustantivos como, por ejemplo, la propiedad de los servicios de conexión. Las cifras demuestran que en la estructura empresarial del ámbito de las telecomunicaciones, tanto de América Latina, como de Chile en particular, se profundiza la tendencia a la concentración de la propiedad que ya fuera característica de los medios masivos tradicionales.
Así las cosas, el potencial democratizador de las redes se pone en jaque al menos desde dos perspectivas: por una parte, en lo que se refiere a la propiedad concentrada de las empresas proveedoras de internet; por la otra, porque la brecha digital, lejos de reducirse con la profusión de usuarios, parece profundizarse. Sucede que, aun cuando la cantidad de personas que acceden a servicios de conectividad digital crezca a ritmos inauditos, el tipo de acceso y de uso tiene un rotundo sesgo socioeconómico. Esto se explica no sólo por las limitaciones que se desprenden de la capacidad de pago, sino porque las posibilidades de desarrollar competencias para el acceso, consumo y producción de contenidos no se estarían ampliando a sectores vulnerables de nuestras sociedades, sino todo lo contrario.
En este escenario, los pasos que ha dado el gobierno hasta el momento son bastante inciertos, y se resumen en la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el anuncio de la generación de una Agenda Digital -que ya existía en Chile en gobiernos anteriores, pero no parece haber un proceso de acumulación de experiencia y de gestión pública en este sentido. El único componente que se habría fortalecido en los últimos tiempos es el de gobierno electrónico, aunque su presupuesto sería minúsculo en relación a las dimensiones de la política pública que, supuestamente, está en juego. En contraste con la ausencia de políticas de Estado, proliferan iniciativas ciudadanas orientadas a evitar los abusos de distinto tipo hacia consumidores/ciudadanos.
En esta rápida evolución que todos transitamos hacia el mundo digital, resulta llamativo que, en tanto que en la dimensión política fue uno de los ejes del debate sobre los medios analógicos durante décadas, el mundo digital parece desplegarse al margen de esa discusión.
Finalmente, los mayores desafíos para quienes crean en el potencial democratizador de las comunicaciones -incluidas las telecomunicaciones- están encerrados en el propio concepto de políticas públicas, tanto en lo que hace a su naturaleza “política” como al carácter público que debiera distinguirlas.
Por Bet Gerber, analista del Barómetro de Equidad.
Santiago de Chile, 1 de junio 2012
Crónica Digital
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