Ante fuertes presiones por el problema, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado y la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, anunciaron la decisión del gobierno de aumentar el número de jueces para resolver la congestión del sistema judicial.
Según los funcionarios, la erradicación de esa dificultad repercutirá directamente en una mayor atención a las mujeres víctimas del maltrato y podría evitar nuevos asesinatos de féminas.
Además del aumento de la plantilla de magistrados a 353 en el país, el Ejecutivo propuso incrementar a 25 el número de Casas de Acogida para mujeres en riesgo vital y sus familiares, y también la cifra de centros de atención a féminas.
De acuerdo con Albornoz, la inyección de recursos económicos y humanos, junto a la decisión del Poder Judicial de vigilar las medidas de protección, mediante la Creación del Centro de Control de Medidas Cautelares, es un paso de avance para enfrentar la violencia.
Como parte de esfuerzos mancomunados para proteger a la mujer, la Cámara de Diputados ratificó esta semana, en un documento, su compromiso de implementar las medidas necesarias que contribuyan a poner fin a la violencia contra ese sector social.
Los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que se le ponga carácter de suma urgencia a un proyecto de ley, el cual modifica el actual código penal, y un decreto ley de 1925 «para sancionar el asesinato de mujeres y aumentar las penas aplicables a ese delito».
Para la abogada de la Corporación La Morada, Camila Maturana, en el sistema legal chileno existen debilidades que impiden evitar los asesinatos contra mujeres.
Maturana aseveró que se pudo comprobar que muchas de las víctimas «habían sido asesinadas aún cuando denunciaron con anterioridad la violencia sufrida y la situación de amenaza vital en la cual se encontraban».
«Lo que está pasando es que los procedimientos para defender a las mujeres no están funcionando, y por eso no logran evitar que éstas sean asesinadas», aseguró.
La debilidad se aprecia -apuntó- en el ámbito de la legislación y la imposibilidad de asumir el maltrato como un delito, y en que las medidas de protección no otorgan seguridad a las mujeres.
En entrevista con Prensa Latina, la directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, María Sandra Pinto, expresó que el nuevo plan legislativo exige se elimine la posibilidad de que condenados por delitos graves, con connotación familiar, accedan a numerosos beneficios como la libertad condicional.
La especialista legal, quien manifestó que el feminicidio no existe como figura jurídica legal en Chile, señaló también que el mismo ocurre en la relación intrafamiliar y muchas veces está determinado por el tema de relaciones de poder.
Ese poder -manifestó- el agresor lo demuestra con violencia física, o de manera sicológica e incluso con presiones económicas sobre la mujer.
También -subrayó- diversos estudios en Chile demuestran que muchos de los agresores fueron víctimas u observaron durante su etapa de niñez o adolescencia violencia intrafamiliar.
Para María Sandra Pinto, quien aboga en el contexto chileno por el incremento de las penas contra parricidas, los índices de violencia contra la mujer y sus formas extremas como el asesinato, no se resuelven sólo con mecanismos legales y represivos.
Ese fenómeno -valora- disminuirá en la medida en que las instituciones y la sociedad se involucren en un proyecto común de sensibilización social y apoyo a las féminas.
Organizaciones sociales también abogan porque el análisis de los crímenes contra las mujeres vaya más allá del ámbito jurídico, con una decidida labor de prevención social y el logro de la igualdad entre ambos sexos, tanto en el ámbito familiar como laboral.
El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 9 de diciembre 2007
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