Una nueva arista de desencuentro se sumó hoy a la difícil relación que el ministro Carlos Cerda tiene con el Poder Judicial chileno, principalmente por su independencia respecto a sus fallos vinculados a temas políticos o de investigaciones de casos de derechos humanos.
En este contexto y tras haber recibido por parte de una organización internacional humanitaria un reconocimiento público y económico por su labor como juez, el Poder Judicial debió iniciar una investigación sumaria con el objeto de acreditar si las declaraciones del ministro Cerda, en Estados Unidos, emitían opinión respecto de la labor realizada por otros jueces.
Para ello se le encargó la tarea al presidente del tribunal de alzada, Cornelio Villarroel para que evaluara los dichos del magistrado. Sin embargo, la investigación determinó que no existían elementos suficientes para acreditar alguna norma que vulneré el Código orgánico de Tribunales. Por tanto, el ministro Carlos Cerda quedaba absuelto de los supuestos cargos en su contra.
Pero, hoy todo lo obrado por el ministro Villarroel quedó en foja cero cuando el Máximo Tribunal, por 10 votos contra 9, decidió imponerle una amonestación privada por considerar que sus dichos, en los que hacía referencia a algunas salas de la Corte Suprema, vulneraban lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, en referencia a que los jueces y ministros no pueden comentar o criticar a sus superiores.
La decisión de la Suprema no consideró en su resolución de Villarroel donde señala que el juez Cerda no incurrió en actos de indisciplina y que sus expresiones vertidas ala prensa eran solo opiniones.
Si bien la amonestación privada que hoy informó el Ministro Urbano Marín a la prensa es la sanción más leve establecida en el Código Orgánico de Tribunales para sancionar faltas a las disciplinas de los funcionarios judiciales, es abiertamente una señal a la clase política dado que el magistrado Carlos Cerda es constantemente recusado por los obogados defensores de los militares procesados por delitos de lesa humanidad.
En este sentido, cabe recordar la sería amonestación que debió enfrentar los años 80 cuando decidió procesar a 40 militares activos y en retiro por la desaparición de dos dirigentes comunistas, Edras Pinto y Reinalda Pereira, en el emblemático caso de los 13, donde descubrió la existencia de una asociación ilícita para cometer crímenes, conocida como Comando Conjunto, y donde fue procesado el ex miembro de la Junta de Gobierno, General del Aire, Gustavo Leigh Guzmán.
En esa oportunidad el ministro se encontró con un pie afuera de los Tribunales por las presiones de la Dictadura y por jueces vinculados al régimen que promovieron la expulsión del juez, quien debió excusarse para evitar su remoción del Poder Judicial.
Santiago de Chile, 7 de diciembre 2007.
Crónica Digital
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