Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones pasan del Ministerio de Defensa a la cartera del Interior; una nueva subsecretaría de Prevención del Delito y Apoyo a las Víctimas; y otros proyectos de ley son parte del acuerdo nacional sobre seguridad pública firmado días atrás en La Moneda, por el Gobierno, la Concertación y la Alianza.
Un acuerdo que en los últimos años y meses, fue una bandera de lucha de las autoridades y de la derecha. Una prioridad nacional que hizo que el flagelo de la delincuencia y drogadicción pasaran a ser noticias de primeras páginas y que finalmente fuese el punto de encuentro entre sectores históricamente opuestos.
Este énfasis especial en el tema de la delincuencia ha logrado instalar en el inconsciente colectivo, la idea de que es necesario que prime el todo está permitido en quienes actúan directamente contra la delincuencia. Las policías poco a poco y con el correr de los años han aumentado sus facultades para combatir el delito, inclusive pasando a llevar muchas veces la ley y los derechos fundamentales de las personas.
La presión de la derecha a los sucesivos gobiernos de la Concertación sobre el tema, unido a una campaña comunicacional de sus propios medios de comunicación, los diversos estudios y encuestas que dan a conocer el temor de la población frente al flagelo han llevado a las administraciones concertacionistas a ceder y ser demasiados permisivos, con el fin de conseguir armas y desbaratar redes de narcotraficantes. Pareciera ser que el tema reporta votos y beneficios electorales, por lo que sumarse a la campaña, es una tentación rentable.
Lo que se olvida es que en esta política del todo está permitido para conseguir éxito en el propósito, implica hacernos vivir bajo la filosofía de que el fin justifica los medios, con grave vulneración de los derechos y dignidad de la gente inocente. Los allanamientos a que nos estamos acostumbrando en poblaciones marginales santiaguinas para combatir la delincuencia no siempre apegándose a la ley- son partes de ese atropello diario, a la seguridad, la tranquilidad, la integridad física y síquica de familias completas, niños, jóvenes y ancianos. Un abuso que se encuentra amparado y justificado por quienes han asumido la tarea de conseguir a cualquier costo la denominada seguridad ciudadana.
En estos operativos que en la actualidad son pan de cada día se realizan preferentemente en las madrugadas, se actúa no siempre con orden previa, con mucha prepotencia de parte de los funcionarios policiales, #reventando puertas, ventanas o cualquier escollo que se les oponga, constituyen un grave atentado a los derechos fundamentales de muchos ciudadanos inocentes a quienes generalmente no se les encuentran drogas ni armas. Otras veces portan órdenes de la nueva justicia, pero no las exhiben ni las intiman como manda la Constitución, y realizan su actividad nocturna sin ningún control de las autoridades que expidieron esas órdenes.
Es necesario en consecuencia, detenerse y observar la forma en que se está cumpliendo esta labor de lucha contra le delincuencia. Hay aspectos no visibilizados en la forma como se ha asumido, y ello obliga a reflexionar si una tal política pública de combate a la delincuencia, se ajusta a los estándares de respeto a los derechos fundamentales.
La memoria histórica es pródiga en ese tipo de análisis, pues en el pasado reciente se desarrolló e implementó una política de combate a la subversión, que erigió como paradigma, el todo vale, que hoy, pareciera emulársele en la lucha contra la delincuencia.
.
No todo puede estar permitido, es parte del control social al que todos estamos llamados a asumir. El supuesto aumento del delito ha llevado a nuestras autoridades y a la clase política a enceguecerse con el tema permitiendo ir más allá de los límites racionales y aceptables.
No se trata de echar por tierra el trabajo de las policías, tampoco de inhibirlas, ni mucho menos desprestigiarlas, sino que poner sobre la mesa un tema no visibilizado y que en definitiva se convierte en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos, radicados en los operativos policiales.
Dentro del acuerdo asumido días atrás, es necesario destacar y valorar de sobre manera, el traspaso de ambas policías al Ministerio del Interior, en donde siempre debieron permanecer. Esto permitirá imponer un mayor control del actuar policial por parte del Ministerio encargado de la implementación de las políticas de seguridad ciudadana.
Fue bajo la dictadura de Pinochet donde éstas pasaron a la cartera de defensa, cambiando su esencia propia de servicio público a entidades militarizadas, decisión que hizo un grave daño a las propias instituciones de orden público y a la sociedad chilena.
Este cambio, más la nueva justicia imperante, que se inspira en un espíritu garantista y defensora de los derechos humanos, debieran influir sustancialmente en la disminución de los abusos en que incurren nuestras policías, en plena democracia.
Daniela Caucoto Troncoso.
Periodista, Licenciada en Comunicación Social, encargada de Comunicaciones de FASIC.
Santiago de Chile, 7 de diciembre 2007
Crónica Digital , 0, 153, 3
