Tras finalizan ayer el Congreso de DD.HH. las entidades criticaron a la iglesia católica y al gobierno por no interceder a favor de los trabajadores ante sus empleadores, al señalar que el conflicto es entre privados.
Cabe recordar que los obreros de ICV han exigido que la Empresa reconozca la legalidad de su Sindicato, lo que ha sido ratificada incluso por la Corte de Apelaciones, y por otra parte que los bonos de producción que reciben se establezcan de manera fija y no de manera caprichosa por los empresarios, lo que les provoca una permanente inestabilidad económica. Por su parte los trabajadores del Sindicato de COSAYACH, han exigido mejorar su salario de $120.000 mensuales y también que los bonos que les asignan queden establecidos en el contrato de trabajo, así como beneficios sociales que disponen los trabajadores de cualquier otra empresa.
Es evidente dice el comunicado de prensa- que las demandas de los trabajadores son absolutamente legítimas y a las que debe aspirar cualquier trabajador de nuestro país, pero es tal egoísmo y el afán de lucro de los empresarios que se han cerrado tercamente a escuchar y aceptar las demandas de los trabajadores.
Las autoridades políticas respaldándose bajo el pretexto de que este es un conflicto entre privados y que la situación esta regulada por el Código de Trabajo, no han sido capaces de establecer una mesa de dialogo entre los trabajadores y los empresarios, dejando que la situación se torne cada día mas grave y que los trabajadores desistan de su legítima lucha. Reivindicativa, señalan las organizaciones.
Los trabajadores para llamar la atención de las autoridades han sido obligados a radicalizar su movimiento, realizando una huelga de hambre y luego ocupar la emblemática Escuela Santa Maria, sitio histórico en donde se inmolaron miles de trabajadores por tan solo pedir su justo derecho a un salario digno.
¿Es que las autoridades políticas esperan la inmolación de estos trabajadores para resolver esta crítica situación? ¿Cuántos trabajadores serán asesinados esta vez y quién se hará responsable esta vez de la matanza, la srta alcaldesa o el gobierno en la persona de la srta. Intendenta?, se preguntaron.
Ante la eventualidad de la opción de las autoridades políticas o municipales de ordenar el desalojo de los trabajadores de la Escuela Santa María, les debe quedar muy en claro que tendrán el repudio más absoluto de la población y la más contundente solidaridad y apoyo de nuestras organizaciones y de la ciudadanía.
Por último, exigieron a las autoridades políticas y a la Dirección del Trabajo a realizar todos los esfuerzos y todas las gestiones que sean necesarias para resolver favorablemente para los trabajadores y sus familias este grave conflicto.
Las organizaciones participantes en este Congreso de los Derechos Humanos, ante el amedrentamiento psicológico y físicos en contra de los huelguistas y los rumores de un eventual desalojo, convocaron a todas organizaciones ciudadanas a mantenerse en estado de alerta y a solidarizar y apoyar efectivamente nuestros hermanos trabajadores, para defender su justa y legítima causa.
Santiago de Chile, 26 de noviembre 2007
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