puesto que le permite avanzar en la aprobación del proyecto de reforma que su gobierno ha presentado al parlamento y mostrar avances de su gobierno, así como capacidad de lograr consensos nacionales.
Lamentablemente, como ha declarado el experto que ella misma nombró para presidir el Consejo Asesor Educacional, el acuerdo “no está a la altura de los desafíos enormes que Chile tiene delante. Va a permitir dar un paso, pero Chile necesita dar tres o cuatro pasos más.”
Como dice Juan Eduardo García-Huidobro, “silencia importantes desacuerdos sobre algunos aspectos que son los más sensibles para la educación del país, porque son los más estratégicos en cuanto a la superación de la desigualdad y de la segregación, que son las dos grandes lacras de la educación chilena.
No se dice una palabra – continúa el secretario ejecutivo del Consejo Asesor Educacional – sobre financiamiento compartido, que es indudablemente el mecanismo más severo de segregación y de selección que el sistema tiene. Mucho menos de la educación pagada, que ya es como el hito mayor de la segregación y que hace que nuestra elite se eduque absolutamente a las espaldas del resto de la sociedad” (El Mostrador 13/11/2007).
Además, como bien señala García-Huidobro, “Lo que se logra acordar desde el punto de vista de la selección es tímido, porque es solamente para seis años y no para el conjunto de la educación obligatoria y apunta a no discriminar sólo por rendimiento y por dinero, pero sí permite seleccionar por religión, valores y otro tipo de aspectos que contempla el proyecto educativo de los establecimientos, lo que parece que de nuevo va a generar grados importantes de exclusión y segmentación.”
Lo más grave, como afirma García-Huidobro, es que “no se dice una palabra del mejoramiento de la educación pública, que es un sistema educativo que está mostrando en los últimos años una severa crisis y que requiere por tanto de una cirugía mayor.”
Tal cirugía mayor fue precisada en la exigencia fundamental del movimiento “Pingüino.” Consiste, ni más ni menos, en la vuelta de los colegios al Ministerio de Educación. Implica poner término a la municipalización y el mecanismo de financiamiento mediante “vouchers” en los colegios públicos,. Allí radica la esencia privatizadora de la LOCE, que impide al Estado asumir sus establecimientos como corresponde y ha provocado su crisis. La solución incluye volver a distribuir los recursos a los colegios fiscales mediante el mecanismo presupuestario que es el adecuado a los servicios públicos. Implica restituir su condición plena de servidores públicos a todo el profesorado y a los académicos en general financiados por el Estado. Significa emprender en serio la reconstrucción de un sistema público nacional en todos los niveles educacionales, estructurado y gestionado según las mejores prácticas internacionales en la materia. Ello entraña la necesaria centralización de algunos aspectos y la amplia descentralización de otros, así como la participación en todos los niveles de la comunidad educativa y los usuarios, además de las autoridades locales, especialmente los municipios y gobiernos regionales. Significa abordar un gran plan nacional de educación pública dotado de todos los recursos necesarios. En breve plazo se debe dotar de un colegio público a cada barrio, especialmente a los más pobres, a cada región de una universidad pública, a cada rama industrial de centros públicos de capacitación técnica, y al país de las instituciones públicas de investigación en ciencia y tecnología que requiere. Todos ellos en el mas alto nivel de calidad internacional. El gasto público en esta materia debe continuar creciendo hasta alcanzar los mejores niveles internacionales
Un educacional sistema público de esta naturaleza es exactamente lo que tienen todos los modernos países desarrollados. Es asimismo lo que han construido y están incrementando aquellos países que emergen con mayor dinamismo. Precisamente en esto basan la calificación de su fuerza de trabajo, que a su vez constituye el cimiento de su riqueza. Tal demanda es evidentemente el camino más eficaz para que Chile pueda avanzar con la velocidad requerida hacia la modernidad madura. Como lo fue durante el siglo pasado para vencer el sub-desarrollo.
El país fue capaz de construir un sistema nacional de educación público, impulsado por gobiernos de todas las tendencias políticas. Fue en lo fundamental el resultado del esfuerzo de gobiernos laicos y progresistas, entre ellos los del Frente Popular y la Unidad Popular, con el impulso del movimiento popular y estudiantil. Sin embargo, su expansión se inició durante el primer gobierno del General Ibánez- También participaron en su inspiración y construcción numerosas personalidades y gobiernos de derecha y católicos. De hecho, uno de sus períodos de crecimiento más espectacular tuvo lugar durante el gobierno demócrata-cristiano de Frei Montalva. Como resultado de todo este esfuerzo, en 1974, treinta de cada cien habitantes estaban matriculados en el sistema nacional de educación pública, que era considerado de buena calidad a nivel regional y era totalmente gratuito en todos los niveles.
Sin embargo, el efecto de la revancha posterior al golpe de Estado fue brutal. Identificaban la educación pública con el el desarrollismo, el socialismo y la revolución, y estaban en lo cierto, puesto que fue un pilar fundamental del desarrollo y la transformación social del país. El efecto destructivo fue el equivalente al que sufren los países afectados por invasiones y guerras civiles. En 1982 había menos alumnos matriculados que en 1974 en el conjunto del sistema. Al fin de la dictadura, solo veinticinco de cada cien habitantes estaban matriculados, tanto en el sistema público como en el privado. Incluso en la actualidad, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos democráticos, sólo veintisiete de cada cien habitantes están matriculados en el conjunto del sistema educacional ¡menos que hae treinta años! Paralelamente, una disminución en la proporción de niños y jóvenes ha permitido aumentar la cobertura, sin embargo, la misma se ha quedado atrás en el nivel terciario. En la actualidad, la cobertura en este nivel alcanza al 40%, muy por debajo de Argentina, Uruguay, o Cuba, y a gran distancia de los países desarrollados, o de algunos emergentes como Corea, que ha logrado un 98% de cobertura en este nivel.
Todo lo anterior no significa desde luego terminar con la educación privada, la cual hace un aporte significativo, especialmente en el caso de las instituciones que se dedican a ello por vocación centenaria. Muy por el contrario, el esfuerzo educacional que el país necesita deja una amplio espacio para la iniciativa privada. Ésta debe seguir contando a lo menos con el apoyo que les ofrecen los subsidios actuales a la demanda, que han demostrado ser un estímulo adecuado para el desarrollo de este sector. Se puede extender asimismo a otras universidades privadas el esquema de apoyo que gozan las particulares del Consejo de Rectores. Igualmente, es posible abrir un amplio campo a la empresa privada para que apoye al sistema educacional público en aquellos aspectos donde existen mercados eficientes, como los servicios anexos y los inmuebles, por ejemplo.
Sin embargo, a lo que si es necesario poner terminar sin demora, es al intento profundamente ideologizado de la LOCE, de reemplazar la educación pública por privada – puesto que en eso consiste y esa es la causa principal de la crisis. De lo que se trata es de restablecer un equilibrio similar al que existe en países desarrollados. En el promedio de la OECD, por ejemplo, la educación pública da cuenta de más del 8o% de la matrícula y el financiamiento de las familias de mas del 90% del financiamiento total, en todos los niveles. Por lo general toda la educación es gratuita. En Chile, en cambio, como se sabe, la mitad de ambos es ya privada y nueve de cada diez alumnos nuevos van a instituciones privadas desde 1990, con su financiamiento público respectivo. Esta severa distorsión introducida por la LOCE es la que hay que corregir.
Se trata evidentemente de una gran iniciativa nacional que interesa a todos los sectores. Especialmente al empresariado, que es el que más se beneficia de una fuerza de trabajo altamente calificada. Como intuye la Presidenta, se trata de una materia en la cual es posible y necesario conformar un gran acuerdo que incluya a todos los sectores, como se hizo para reformar el sistema judicial. Por otra parte, la vuelta de los colegios al Ministerio de Educación es apoyada por más del 80% de la población, según una encuesta realizada por una de instituciones más prestigiadas en esta materia, la que no comparte dicha opinión del público. ¿Porque entonces, se ha acallado y no se ha cursado esta crucial demanda de los “Pingüinos”? ¿Que es lo que impide al país abordar esta evidente tarea de progreso general?
Parece conveniente plantear las cosas claramente. Se ha conformado una suerte de santa alianza para cerrar el paso a dicha medida y mantener la esencia privatizadora del esquema LOCE. Aunque al mismo tiempo, se ha llegado a acuerdo en la necesidad de que sea con muchos mas recursos, mayor preocupación por la equidad y una mejor capacidad de regulación estatal, bajo otra ley menos nociva y con un nombre menos desprestigiado que la LOCE.
Participan en esta idea sectores de derecha que todavía permanecen contaminados por el extremismo ideológico anti-educación pública. Son resabios del que inspiró la feroz revancha posterior al golpe de 1973. Asimismo, comparten esta posición algunos ideólogos y tecnócratas que se han convencido de la ineficacia congénita del Estado, al cual buscan desmantelar por la “tercera vía” de convertirlo en una suerte de empresa que brinda servicios a los ciudadanos, que conciben como consumidores.
Respaldan esta alianza algunos de los denominados “sostenedores” privados y personeros a su servicio, incluidos algunos reconocidos por sus posiciones progresistas en muchas otras materias. Ese término tan feo, que fuera introducido por la LOCE para equiparar al Estado con los particulares dueños de colegios subvencionados, se continúa utilizando en el texto del “Acuerdo,” aunque se ha intercalado ahora el sinónimo un poco más elegante de “administradores educacionales.” La Iglesia Católica participa de esta alianza en cuanto importante “sostenedora” privada. Sin embargo, por otra parte, grandes educadores católicos sostienen posiciones muy progresistas en la materia. Este bloque ha logrado hasta el momento frenar avances mayores en la materia. Sus posiciones están representadas de modo determinante en el referido “Acuerdo.”
De modo más general, lo ocurrido con el “Acuerdo” apunta al talón de Aquiles del sistema político durante los años de transición. Como concluye el secretario ejecutivo del Consejo Asesor Educacional, “el acuerdo toca solamente los ámbitos en los que, valga la redundancia, hubo acuerdo y no se logró el consenso en otro conjunto de cosas que son muy estratégicas.” Tal cual. De poco ha servido al momento de las decisiones que el proceso se haya desatado con un millón de “Pingüinos” movilizados de Arica a Magallanes, con el apoyo y simpatía de toda la población. De algún modo se han saltado asimismo las discusiones de meses en el seno de un Consejo Asesor nombrado por la Presidenta con amplia representatividad. En medida no menor, se ha soslayado el debate en el seno del parlamento, para retrotraerlo al ámbitos de salones más privados, donde se codean quienes han estado básicamente de acuerdo a lo largo de todos estos años en sustentar el modelo que hoy ha hecho crisis.
Lo grave de todo este asunto es que un sistema político con esas características no es capaz de enfrentar “el conjunto de cosas estratégicas” que se requiere cambiar para resolver la crisis. En una palabra, el sistema político parece incapaz de asumir con decisión la necesaria reconstrucción del sistema nacional de educación pública.
¿Como se resolverá este asunto? ¿Tendrá que sobrevenir una nueva movilización estudiantil para que el sistema político se ponga a la altura de los “desafíos enormes que Chile tiene delante? Dado que este problema no está afectando sólo el ámbito de la educación ¿se requerirá una movilización más amplia y enérgica de la ciudadanía?
Es ella la que tiene la palabra.
Por Manuel Riesco. El autor es economista del Cenda y Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital
mriesco@cendachile.cl
Santiago de Chile, 14 de Noviembre 2007
Crónica Digital, 4, 780, 21
