El 30 de agosto es un día que pretende ser una fecha de recuerdo y un acto reparatorio para con las víctimas y los familiares de los detenidos desaparecidos de nuestro país. No se puede desconocer la convicción que tiene en este tema la Presidenta Michelle Bachelet, por tanto, su compromiso irrenunciable por la defensa y respeto por los derechos humanos. En este marco evaluamos, positivamente, la decisión de reabrir las comisiones Rettig y Valech con el objeto de continuar recabando información del episodio más oscuro de terrorismo de Estado que ha debido enfrentar Chile en toda su historia patria.
Por muchos años, esta fecha ha unido a miles de hombres y mujeres latinoamericanos que por años han buscado a sus familiares detenidos desaparecidos, víctimas de una práctica de exterminio creada por la Escuela de las América, dirigida por Estados Unidos, y aplicada por los militares del continente en la década de los 70 y 80 mediante dictaduras genocidas.
La llamada guerra fría y de baja intensidad propiciada por el Pentágono dejó como estadística 70 mil casos de desaparición forzada que hasta nuestros días golpea la conciencia democrática de los pueblos ubicados al sur del Río Bravo.
No debemos olvidar que desde el mismo día 11 de septiembre de 1973, la lucha inclaudicable de los familiares de los detenidos desaparecidos permitió hacer pública la denuncia. Las fotos de las víctimas colgaban en los pechos de esas mujeres que no escondieron la cabeza para enfrentar con las manos limpias a una dictadura cruel y fascista. Fueron ellas quienes cimentaron el camino para que se reconstruyeran las organizaciones sociales y gremiales, los partidos políticos, la dignidad de Chile que después de 16 años y seis meses conquistaron nuevamente la democracia.
Por ello resulta incalificable las palabras del ex Presidente de la República, Patricio Aylwin el pasado domingo 26 de agosto a través de una entrevista en el diario El Mercurio, cuando sin sentido histórico pretende reinstalar el tema de la amnistía para los militares y miembros de los aparatos de seguridad del régimen Pinochetista. Acaso Aylwin ya olvidó cuando fue su propio gobierno el que promovió una iniciativa similar y tuvo como respuesta la realización de huelgas de hambre masiva que impidieron tan inmoral propuesta.
Para los familiares de las víctimas, sus palabras carecen de calidad moral sobretodo, porque hasta hoy él nunca ha realizado un mea culpa respecto de su responsabilidad política por el golpe militar y, mucho menos se olvida que fue él quien negocio con el ex general Augusto Pinochet para dejar intacto los enclaves autoritarios que impidieron en los primeros años de reinstalada la democracia avanzar en las investigaciones judiciales.
Las estadísticas señalan que sólo el 40% de los casos de detenidos desaparecidos están abiertos y, por tanto, están siendo investigados por los Tribunales de Justicia. Ello, esta permitiendo conocer más de la verdad que sus oídos están dispuestos a escuchar, sobretodo cómo fueron detenidos, hechos desaparecer y, en algunos casos cómo fueron eliminados por los ex agentes de seguridad de la DINA y la CNI. Es más, el trabajo prolijo y comprometido de la Policía de Investigaciones, desde que se formó el Departamento Quinto a la fecha, ha permitido saber cual era la estructura represiva, sus mandos y responsabilidades, lo que ha servido para avanzar en el esclarecimiento de muchos casos. Pero, todavía falta por reconstruir la red de 56 mil informantes y delatores que colaboraron con la represión y por tanto, urge destinar mayores recursos humanos y materiales para seguir investigando.
Otro aspecto que no hay que dejar pasar al momento de conmemorar el día de detenido desaparecido es denunciar la soterrada intención del ex jefe de Estado cuando en su mercurial entrevista pretende afirmar que con amnistía se cierran las heridas de miles de chilenos que fueron torturados, encarcelados, exiliados, asesinados e inhumados en cementerios clandestinos. En esto se equivoca, las heridas se cierran con verdad, con justicia y con castigo a los culpables tanto materiales como intelectuales.
También resulta mezquino y hasta mal intencionado plantear que los mil trescientos millones de dólares que el Estado ha entregado a los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos son suficientes para reparar el daño causado. No existe dinero en el mundo que pueda comprar una vida de un ser humano. Es más, en el país faltan memoriales, faltan plazas y escuelas que lleven sus nombres. Es más, mientras mayor sean las acciones reparatorias públicas menor será la posibilidad que estos horrorosos hechos vuelvan a repetirse.
Es por ello, el día de los detenidos desaparecidos oficializado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene un importante valor simbólico para los familiares de las víctimas porque busca reparar la responsabilidad del Estado y su política de exterminio y, por último, en el caso de las declaraciones del ex Presidente Patricio Aylwin deben calificarse como un mal recuerdo de alguien que dejo, hace tiempo, de ser parte de la historia y que hoy se encuentra en sus cuarteles de invierno auditado por su propia conciencia.
Por Roberto Portilla. El autor es periodista, Editor General de Crónica Digital e hijo de Armando Portilla, detenido desaparecido el 9 de diciembre de 1976.
Santiago de Chile, 30 de agosto 2007
Crónica Digital
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