El director ejecutivo de Greenpeace, Rodrigo Herrera, afirmó que el estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, encargado por Celco y en el que se reconoce la responsabilidad de la empresa en la contaminación de las aguas del río Mataquito, “no aporta antecedentes nuevos y llega demasiado tarde, puesto que la opinión pública ya se había formado la convicción de la responsabilidad de Celco”.
Herrera, además, planteó que “la autoridad no ha ejercido un liderazgo en este proceso. Por eso CELCO tiene espacio para legitimar su estrategia de autocierre y autofiscalización, haciéndose la víctima ante los diversos desastres que han generado en Valdivia, Itata y Mataquito. Creemos que es responsabilidad del Gobierno el velar por el cumplimiento de las medidas tomadas, el cuidado del medio ambiente y los impactos a la economía local”.
Greenpeace planteó que aunque la SEREMI de Salud del Maule, Sofía Ruz, diera a conocer los resultados del primero de los seis sumarios abiertos en contra de Licancel, con la máxima multa establecida por el código sanitario, correspondiente a mil UTM, unos 32 millones de pesos, la decisión es “aislada, tardía y, además, nos pone en evidencia que las sanciones contempladas no son proporcionales a la envergadura del daño ni al poderío económico de estas empresas”.
Según Herrera, “CELCO ha tratado de resolver comunicacionalmente sus problemas ambientales, pero sin medidas de fondo. Basta con decir que la planta de Licancel es la tercera en la que se encuentran ductos ilegales. Es por eso que Celco tiene hoy problemas serios de credibilidad que sólo se agudizan con estas medidas torpes”.
Samuel Leiva, Coordinador de campaña de Greenpeace señalo que “poco creible es que una empresa que ha tenido decenas de problemas ambientales y que sólo debido a las presiones de la sociedad ha tratado de dar soluciones sea la llamada a fiscalizarse a sí misma. Esto no hace más que afirmar que ellos deben cambiar sus prácticas y mejorar sus procesos de modo de dar reales garantías a la población”.
Leiva además agrego “que las multas desde la autoridad no solucionan en nada los pesares que los habitantes de la Pesca e Iloca están sufriendo, debido a la prohibición de pesca y venta de productos marinos. Evitar justamente eso debería ser la prioridad del Gobierno y la empresa”.
Santiago de Chile, 18 de julio 2007
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