En esa ocasión fueron asesinados los miembros de una comisión que viajó a investigar la muerte de 19 comerciantes y que estaba conformada por 15 funcionarios, 2 jueces de Instrucción Penal Criminal y 13 investigadores.
La sentencia de la CIDH, conocida la víspera aquí, estableció que la banda paramilitar Los Masetos, autora del crimen, contó con el apoyo y la colaboración de agentes de la policía y el ejército.
Según la corte, el Estado colombiano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la vida, a las garantías y protección judiciales, de las víctimas y de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Tribunal ordenó que el Estado active y complete la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, por considerar que no se investigó adecuadamente la relación entre los paramilitares y altos mandos militares.
Al respecto menciona expresamente la falta de investigación de altos mandos como el General Farouk Yanine Díaz, el General Carlos Julio Gil Colorado, y el Coronel Jaime Fajardo Cifuentes.
Bogotá, 9 de junio 2007
Prensa Latina , 0, 24, 11
