La dirigente nacional de ese organismo, Alicia del Basto, manifestó que el gobierno ofrece a los empleados sólo cuatro mil millones de pesos anuales (unos 8 millones de dólares), poco menos de un tercio de lo demandado.
También consideró que las movilizaciones de los más de cuatro mil empleados de SENAME, iniciadas en los últimos días, persiguen además oponerse a la entrada en vigencia el próximo día 8 de la ley de responsabilidad penal juvenil.
A escasas 72 horas de que rija ese decreto, aumenta el número de opositores al mismo, considerado aquí violatorio de los derechos de la infancia.
Representantes de las Juventudes Comunistas han exigido al gobierno que vete la nueva medida, por contravenir convenios internacionales suscritos por el país en materia de protección a menores.
Santiago de Chile, 6 de junio 2007
Crónica Digital/PL
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