Bajo el rótulo de lo “politically correct” se engendró un conjunto de límites y normas, subjetivas, pero efectivas y reales, que buscaron que todo discurso público, sea del partido que sea, se llenara de eufemismos, bajo la excusa de impedir que alguien se pueda ofender.
De esta forma se consolidó discursivamente el pensamiento único liberal. Se instaló un pacto tácito que supuso que “todo el mundo” está de acuerdo en los tópicos a abordar en público y en la forma de hacerlo, lo que permitió eliminar del habla de los políticos todo tipo de conflicto, especialmente los que están ligados a las desigualdades y discriminaciones por clase, raza, género o posición ideológica.
Por arte de magia pasó a ser políticamente incorrecto discutir ciertas cosas: entre otras, el valor sacrasanto de la propiedad privada, el rol del mercado como asignador de recursos, el papel subsidiario del estado, la democracia representativa y un largo etcétera de instituciones y valores intocables. Entre estos últimos se instaló la libertad de expresión, desprendida de su contexto social y convertida en una dimensión más del derecho de propiedad.
Esta es la razón por la cual la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión al canal RCTV causa tanto descontrol en la prensa internacional. Es difícil pensar en una decisión que resulte tan politicamente incorrecta. A tal punto que todo político oportunista, que se precie de su corrección, ha saltado a la palestra estos días para condenar este pernicioso atentado a la libre expresión.
Venezuela es hoy por hoy la capital de lo “políticamente incorrecto”, nadie lo duda. Por algo Vargas Llosa Jr. ha denominado al presidente Chávez el idiota perfecto de América Latina. Idiotez que se transforma en halago si se analizan las razones por las cuales se le ataca. Hugo Chávez ha devuelto su lugar en la sociedad a palabras que fueron sistemáticamente desterradas del léxico político, empezando por Socialismo, entendido como sistema económico y político, y no sólo como etiqueta electoral vaciada de todo significado. Y su último atentado ha sido demoler públicamente la hipocresía que entraña la libertad de expresión entendida de forma liberal. Y lo ha hecho sin importarle en lo más mínimo las diatribas mundiales que rugen ante la violación de uno de sus dogmas más sagrados.
El caso RCTV ha obligado al mundo a repensar la libertad de expresión en su formulación actual, que ha vaciado de contenido el derecho a la comunicación para convertirlo en otro derecho individual y formal, desprovisto de toda exigibilidad para la mayoría de la población. El universalismo abstracto y políticamente correcto de la libre expresión debe ser deconstruido.
Por sobre la libertad del individuo debe garantizarse la capacidad efectiva de información y comunicación para todos y todas. Es decir, esta coyuntura nos obliga a pensar en los derechos colectivos de información y expresión, que superan la concepción dominante, meramente individualista y procedimental de este derecho.
En una sociedad donde no existen los derechos colectivos, la libertad de expresión del señor Marcel Granier, el dueño de RCTV, vale más que la de millones de venezolanos, que además deben aguantar sus diatribas e insultos a diario.
Lo que haga o no haga con su canal sólo es justificable desde criterios racionales de procedimiento jurídico y no desde las responsabilidades y los deberes de la vida en sociedad. Pero, como afirma la máxima jurídica liberal, lo que no está prohibido, está permitido, y por lo tanto Granier no tendría otra responsabilidad que hacer con su canal lo que individualistamente le venga en gana. Amparado en una concepción liberal de los derechos civiles y políticos y en la mano invisible del mercado, Granier, y todos los magnates de las comunicaciones, están amparados para sustentar su acción comunicativa de modo aislado, dirigidos por sus propios e intocables intereses.
Una concepción postliberal del derecho a la comunicación debe tratar de tomarse en serio el pluralismo, no como mera superposición de consensos, sino como una práctica democrática que refuerce la diferencias de las posiciones en conflicto y que se sustente en la singularidad de sus interpretaciones y perspectivas acerca de la realidad. Es decir, debe terminar con las hipocresías y eufemismos que ha instalado el pensamiento único para permitir que la libertad instrumental se transforme en lo que Amrtya Sen ha llamado libertad como capacidad: de nada vale que la libertad de expresión sea declarada en los textos jurídicos y en las constituciones si no tengo la capacidad de ejercer ese derecho. Por esta razón es tan importante que la nueva cadena TEVES se consolide como un servicio público, como una auténtica cadena de Televisión social, que garantice el acceso público a la información y a la comunicación.
Esta concepción post liberal se complementa con propuestas teóricas como las que sustenta Philip Pettit [1] quién ha sacudido los debates políticos en los últimos años, al plantear una concepción de la libertad como no-dominación. Para Pettit solo hay libertad cuando un individuo (o una institución) no tiene el poder de interferir de modo arbitrario en las elecciones que otro individuos tienen la capacidad de hacer.
De acuerdo a Pettit la libertad política no se basa en la sagrada autonomía individual, sino en garantizar que nadie quede sujeto a una interferencia arbitraria, aunque ella se ampare en los intersticios legales de un contrato aparentemente libre y consentido. Para Pettit es necesaria la intervención del Estado para generar inmunidad contra toda forma de dependencia arbitraria. Por ello Pettit , afirma que el liberal es tanto más feliz cuanto menos interviene el Estado en su vida; el republicano acepta de buen grado sufrir incluso interferencias graves, si sirven para combatir la arbitrariedad.
En síntesis, es necesario llevar al campo de las comunicaciones lo que Pettit define en términos genéricos. La decisión adoptada por el gobierno de Hugo Chávez, y su absoluta falta de temor a la “incorreción política”, constituyen un gran avance en este objetivo.
Nota: (1) Republicanismo , pp. 52-66.
Por Alvaro Ramis, el autor es teólogo chileno. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 30 de mayo 2007
Crónica Digital
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