Esta situación ha llamado gran atención, ya que se refiere principalmente a la falta de espacios correctamente adecuados y a la seguridad de los funcionarios que asumirán nuevas tareas a partir del 8 de junio.
Para la Diputada Laura Soto, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja e impulsora de una presentación por el tema ante el Tribunal Constitucional (TC), calificó la situación como grave, ya que significa que todas las otras acciones no dieron resultado, descartando que se trate sólo de un tema de renumeraciones como han señalado fuentes de Gobierno.
Aquí hay algo bastante mayor que nosotros los diputados ya lo hicimos presente al Gobierno, que la infraestructura no estaba lista, ellos insistieron en que esto era contrario a lo óptimo y que la Ley tenía que implementarse. Nosotros fuimos bastante prudentes y por su puesto nos allanamos, pero hoy estamos viendo que la situación no es así y que se está cortando por un lado tremendamente duro con los jóvenes y los adolescentes, afirmó la parlamentaria.
La mayor preocupación de la congresista es lo que pueda ocurrir con los menores una vez implementada la Ley, cuando ingresen al sistema semicerrado y posiblemente cerrado, y el virtual colapso que podría provocar la falta de infraestructura.
Eso va a ser un problema que nos va a estallar en el rostro. Nosotros queremos que se cumpla la Ley lo que significa reinsertar a los jóvenes, también dar una mirada desde el tema delictual, pero por sobre todas las cosas el móvil principal de la Ley es rescatar a esos jóvenes, y así no lo vamos a hacer, espero no tener un mal augurio y que esto no sea otro Transantiago.
La parlamentaria fiscalizará la situación local de la región de Valparaíso, ya que al igual que en otras zonas, hoy amanecieron los centros de reclusión juvenil en toma.
Por Yelka Catalán
Valparaíso, 29 de mayo 2007
Crónica Digital
, 0, 75, 15
