El parlamentario anunció que espera reunirse el próximo lunes con la Ministra Yasna Provoste para pedirle que agilice la propuesta legislativa que hicimos en noviembre pasado buscando que el derecho a la educación garantice también el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y sicológica entre los miembros de la comunidad educativa.
Navarro, integrante de la Comisión de Educación, indicó que para muchos las escenas de violencia contra un menor y las de otro joven que práctica golpes de artes marciales contra sus compañeros son sólo una imagen de video que, incluso, encuentran divertidas, pero se equivocan, esos videos no son imágenes. Es la realidad que viven muchos niños y jóvenes diariamente en colegios de todo el país. Por eso hay que actuar y legislar ahora y no esperar a que esta situación, que muchas veces ocurre a vista y paciencia de los profesores, o que los directivos tratan de bajar el perfil calificándolas como juegos de niños, se nos escape de las manos.
Dijo que aunque sabemos de la preocupación de la Ministra Provoste en esta materia, que incluso hemos conocido y debatido en la Comisión a través de la exposición sobre la política de convivencia escolar que desarrolla el Ministerio, hasta ahora ésta no ha tenido los resultados que uno esperaría, especialmente porque no existen mecanismos claros para que las víctimas de estos abusos puedan denunciar y ser efectivamente protegidos, y no ocurra que el denunciar sea un factor que agrave su situación, como ha ocurrido muchas veces.
El legislador indicó que la defensa garantizada de los derechos de los estudiantes no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno, de la aparición de videos en Internet, de reportajes de prensa o de la contingencia. Debe existir una respuesta integral, sistemática y permanente. La convivencia pacífica en el medio escolar debe quedar explicitada en la nueva Ley General de Educación, porque si no tenemos ley que fundamente la prevención y lucha contra el acoso escolar, las acciones quedarán al nivel de los programas de difusión o de campaña bien intencionada.
La convivencia pacífica debe ser un derecho garantizado y no una política. Sin ley, las medidas contra la violencia escolar no serán obligatorias, sino sólo voluntarias y ya sabemos lo que ocurre en esos casos. Además, sin la obligatoriedad de asumir responsablemente este tema, cada colegio, aplicará la política de convivencia escolar de acuerdo a su presupuesto o su interés. Actualmente tenemos medidas fragmentadas en distintas normativas. Por eso le pediremos a la Ministra tomar medidas más agresivas y apoyar nuestro proyecto de ley, agregándole funciones obligatorias al Ministerio y a los establecimientos, que nosotros, por normas constitucionales, estamos impedidos de proponer.
Finalmente Navarro recordó que los resultados del Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar realizado el 2005 mostraron que un 28% de los estudiantes señala haber sido agredido verbalmente y un 9% dice haber sido golpeado frecuentemente. Las consecuencias de estos datos tienen un fuerte impacto en el rendimiento y el desarrollo social y emocional de quienes son víctimas, lo que sin duda también se refleja en el aumento del número de suicidios entre escolares que se ha producido en los últimos años.
Santiago de Chile, 24 de mayo 2007
Crónica Digital
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