La iniciativa se funda en el extraordinario crecimiento de las grandes tiendas y cadenas de supermercados producto, fundamentalmente del crédito, que permite mantener a sus clientes cautivos, al extremo, que las personas se ven forzadas a adquirir bienes o contratar servicios en las grandes mega tiendas, o hiper- súper mercados.
En estas circunstancias explica Eugenio Tuma- el pequeño o mediano productor, está siendo perjudicado ante la posición dominante de las grandes empresas, donde se produce un claro abuso y desequilibrio que no brinda igualdad de oportunidades para los pequeños proveedores que también necesitan participar del sistema, pero no pueden hacerlo en las mismas condiciones que exige este tipo de economía.
Para el parlamentario, las grandes tiendas operan sobre la base de las economías de escala, logrando imponer los precios de los productos o servicios que demandan, indicando, a modo de ejemplo las promociones, lleve 4 y pague 3, que se obtienen a través de un sistema que se denomina de igualación de precios en caja, costo que es soportado por el proveedor y no por la empresa abastecida.
A lo anterior, el legislador sumó los costos que se deben cancelar por la entrada o mejoramiento de la posición física en la exhibición de los productos y el retrazo del pago de los proveedores.
Al respecto, Rodrigo González precisó que es sabido que en algunos casos, los proveedores tienen que esperar hasta tres o cuatro meses para que les paguen las mercaderías o las prestaciones que han realizado a favor de las empresas abastecidas, situación de abuso que es tolerada por los pequeños proveedores de que si reclaman, la empresa abastecida pueda prescindir de sus servicios.
Lo anterior, a juicio de González, resulta especialmente grave si se considera que a su vez el proveedor, que no recibe pagos, no se encuentra en condiciones de cumplir sus obligaciones, generándose una cadena de incumplimientos que, en algunos casos, han determinado la quiebra de los pequeños proveedores, por falta de liquidez.
La suma de estos antecedentes y el conocimiento de un acuerdo suscrito por el conglomerado D & S a instancias de la Fiscalía Nacional Económica, llevaron a los parlamentarios a presentar un proyecto de ley que norme la situación de abuso en que se encuentran actualmente los proveedores, que pertenecen principalmente a pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el diputado Jorge Insunza, miembro de la Comisión de Hacienda, advirtió que las normas contenidas en la moción serán irrenunciables, detallando que será obligatorio para la Empresa Abastecida elaborar un Reglamento General de Aprovisionamiento, en el que se dispongan las condiciones que deberán cumplir los proveedores, así como las condiciones que la Empresa Abastecida se obliga a respetar.
El Reglamento, que se otorgará por escritura pública, deberá ser inscrito en el Registro del Conservador de Comercio correspondiente al domicilio de la Empresa Abastecida y deberá estar a disposición del público, si ella posee una página Web.
Además establece que será obligatorio para la Empresa Abastecida pagar el precio de las mercaderías o de las prestaciones que se le otorguen, dentro del plazo máximo de 30 días y en el caso del pago realizado fuera de los plazos máximos establecidos, devengará el interés máximo convencional multiplicado por dos. Esta infracción será sancionada con multa de 500 a 3000 Unidades de Fomento, a beneficio fiscal el 40 % y el remanente en beneficio el respectivo proveedor.
Si el Proveedor, con ocasión del retardo en el pago sufriere perjuicios mayores a la cantidad que reciba por aplicación de la multa impuesta a la Empresa Abastecida, tendrá derecho a que se le pague sólo aquella parte de los perjuicios no cubiertos por la multa. Para recibir el pago del porcentaje de la multa, el proveedor no tendrá que acreditar perjuicios.
Finalmente los legisladores destacaron que las disposiciones contenidas en el reglamento se interpretarán siempre a favor del proveedor.
Valapraíso, 8 de mayo 2007
Crónica Digital , 0, 35, 12
