Los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Julio Cerda Carrasco y Fernando Rafael Rojas fueron acusados de secuestro y Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Mario Campos Valladares y Hugo Rodrigo Barría Rogers, como encubridores.
Según la decisión judicial, a raíz del secuestro del comandante de Ejército Carlos Carreño Barrera, el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI «resolvieron secuestrar a cinco miembros del FPMR para eventualmente canjearlos por ese oficial».
Agrega que los «frentistas» Alejandro Pinochet Arenas, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron llevados hasta el cuartel Borgoño «donde se les mantuvo ocultos y bajo custodia».
Afirma asimismo que, algunos días después, fueron retirados por funcionarios del mismo organismo cinco cadáveres, que «razonablemente, puede estimarse sean los de las personas secuestradas».
El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa, expresó su conformidad con el dictamen, pese a que viene a acreditar los ilícitos veinte años después.
En septiembre del año pasado, Brito había determinado encausar por este caso al ex director de la CNI, general retirado Hugo Salas Wenzel, y sus colaboradores, Alvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.
Santiago de Chile, 5 de mayo 2007
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