La parlamentaria señaló que el artículo segundo transitorio de la ley de subcontratación estableció que dicho cuerpo legal entraría en vigencia 90 días después de su publicación, es decir, el 15 de enero de 2007.
Subrayó que “con fecha 12 de enero del presente año, dicha empresa principal decidió despedir a los trabajadores externos, con el claro objetivo de eludir la aplicación de la citada ley que, reitero, entró en vigencia el 15 de enero en curso”.
“La empresa a la que me refiero es BancoEstado, que, por su carácter de estatal, debiera ser la primera en cumplir con el espíritu y con la letra de la citada ley, promulgada y publicada con bombos y platillos y después de una abundante argumentación en el sentido de que por fin se respetarían los derechos de los trabajadores”, dijo Rubilar.
Señaló que “lamentamos lo ocurrido, porque constituye una muy mala señal para el país. Nos reunimos con la directora del Trabajo y haremos lo propio con el ministro Osvaldo Andrade para que se adopten las medidas correspondientes a fin de evitar abusos como el mencionado, porque, reitero, entrega una muy mala la señal al país. En efecto, con qué moral se fiscalizará a la empresa privada si la empresa pública no da el ejemplo, como debiera ser”.
La diputada pidió oficiar al presidente de BancoEstado, a fin de que informe sobre la cantidad de cajeros contratados a lo largo del país a diciembre de 2006, considerando el personal del banco y el externo, y las funciones que cumplían uno y otro.
Señaló que “los cajeros de empresas externas cumplían funciones propias del banco y, por lo tanto, podría acreditarse su subordinación y dependencia”.
Asimismo, solicitó se informe sobre los concursos realizados para llenar los cargos de cajero, desde julio de 2006 a la fecha; de sus resultados y los requisitos para postular.
Además, que se informe sobre los nombres de las empresas subcontratistas con las cuales BancoEstado proveyó los cupos laborales de cajeros en los últimos cinco años.
Por último, que informe si existen o existieron personas de la planta directiva, gerencial o administrativa vinculadas a la administración de dichas empresas.
Valparaíso, 25 de enero de 2007.
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