En declaraciones que reproduce el diario Clarín, el mandatario reiteró la continuidad de la política de su gobierno sobre esa materia y remarcó que ella se basa en los principios de la reconciliación, pero con verdad y sin impunidad.
Aunque aclaró que será la Justicia la encargada de establecer si se cometieron crímenes de terrorismo de estado antes de la última dictadura militar (24 de marzo de 1976- 10 de diciembre de 1983), aclaró que de ser así sus responsables también deberán ser juzgados.
Hay que conocer la verdad sea cual sea y no puede haber impunidad para nadie, remarcó el mandatario
La orden de captura internacional contra la ex presidenta de Argentina (1974-1976) fue librada ayer por Raúl Acosta, juez federal de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, a cargo de una causa judicial.
Se trata de la desaparición de dos jóvenes mendocinos, uno de los cuales fue asesinado, mientras el otro actúa como querellante, como consecuencia de la aplicación de tres decretos emitidos en 1975 por la ex mandataria, quien tiene ahora residencia permanente en España.
En uno de ellos se ordenaba a las Fuerzas Armadas realizar “las operaciones militares y de seguridad necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, categoría atribuída a los dos jóvenes.
Kirchner precisó que esta causa no invalida ni disminuye la importancia de cualquier otra en curso y sentenció que “si alguien piensa que con esto puede frenar los juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, se equivoca totalmente”.
De acuerdo con Clarín, el mandatario concordó en que María Estela Martínez, viuda del tres veces presidente Juan Domingo Perón, pudo haber sido incapaz de controlar los crímenes atribuidos a la llamada Triple A, organización dirigida por su superministro José López Rega.
Pero subrayó que las responsabilidades institucionales no pueden ser eludidas bajo circunstancia alguna.
Al trascender anoche el pedido del juez mendocino, los medios argentinos destacaron que los decretos de 1975 permitieron cometer crímenes de lesa humanidad, una antesala de los asesinatos, torturas y 30 mil desaparecidos del último régimen castrense.
Por esta causa, el juez imputó también con anterioridad a los ex ministros de Economía y Trabajo de aquel gobierno, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, respectivamente, por firmar los nefastos documentos.
En caso de reiterarse la orden de captura contra ellos, Ruckauf quedará protegido debido a sus fueros como diputado nacional, pero Cafiero podría ser detenido o requerido por la Justicia, aunque se aceptó entonces un pedido de exoneración.
Buenos Aires, 12 de enero 2007
Prensa Latina , 0, 22, 11
