También denunciaron la incapacidad de las instituciones públicas que hasta la fecha no han dado respuesta a una solicitud enviada hace seis meses a la CONADI y hace tres meses al Ministerio de Bienes Nacionales sobre el tema.
La denuncia fue formulada en dependencias del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI) por el lonko Juan Alfredo Pichumilla Carimán, quien a través del werken del sector Pocura, Rogelio Marillanca, recalcó que las gestiones realizadas las comunidades del Lago Calafquén no han tenido respuesta a pesar de basarse en normas que la misma ley indígena establece solicitar la devolución de sitios ceremoniales.
El reclamo de las comunidades se basa en el derecho a los sitios sagrados y ceremoniales reconocidos en la Ley 19.253 de 1993 en su artículo 19, y del derecho a la restitución de sus tierras, territorios que es reconocido por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
ESPACIO ANCESTRAL DEBE SER RECUPERADO
Los voceros manifestaron mediante una declaración que en 1940 el Estado despojó el título de merced y expropió el territorio que hoy es conocido como Licanray, sin que el gobierno hasta hoy haya podido comprobar si realmente pagó dicha expropiación.
Desde el año 1998 un grupo de dirigentes mapuche en conjunto con diversas comunidades del sector realizan eventos culturales dentro de la península como una forma de reclamar que tal espacio natural sea devuelto.
Es un derecho de reclamar la devolución de la península junto a los hermanos mapuche y no hay solución a nuestra demanda. No podemos tomar el diálogo como un pasatiempo y darle vueltas para darle solución. Solicitamos que el gobierno tome conciencia de esto ya que internacionalmente este país está muy atrasado en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Si el gobierno persiste en maniobras dilatorias recurriremos a instancias internacionales, expresó molesto Rogelio Marillán.
ACCIONES LEGALES
Por su parte, el abogado especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, José Aylwin, lamentó que las demandas no hayan tenido respuesta.
Como en este caso, que había un título de merced que fue expropiado en la década del 40 sin que se haya demostrado la indemnización, solicitaron a Conadi la restitución y el traspaso gratuito de esas hectáreas que hoy forman la península. A pesar del tiempo transcurrido, no hay repuestas satisfactorias expresó.
Aylwin agregó que de no haber respuesta de las autoridades, los dirigentes están en su derecho a utilizar acciones legales, puesto que la intención de las comunidades es desarrollar actividades ceremoniales en un espacio que sea abierto a la comunidad.
Por Miguel Angel Navarrete
Temuco, 21 de noviembre 2006
Crónica Digital , 0, 63, 13
