La reunión está marcada por el rol disidente asumido por la Democracia Cristiana (DC) desde que la senadora y ex canciller Soledad Alvear asumió las riendas del principal partido de la Concertación en abril pasado.
Al más reciente debate en torno al voto de Chile en Naciones Unidas, donde la DC amenazó a la mandataria con provocar una crisis en el gobierno si respaldaba a Venezuela, se agrega ahora la postura contraria a la eliminación de la normativa propuesta por el Ejecutivo.
Ante declaraciones de la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, de que el proyecto estaría listo para ser presentado esta semana al Parlamento, Alvear llamó a la cautela y dijo no se pronunciaría hasta conocer el texto.
El tema cobró resonancia luego de un reciente fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra Chile por la aplicación de esa normativa en un juicio donde fueron exonerados los culpables de un crimen político en 1974.
La Ley de Amnistía fue aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los uniformados que habían participado en violaciones masivas a los derechos humanos en los primeros años del régimen militar (1973-1990).
El senador de la DC Mariano Ruiz-Esquide discrepó la víspera de la abanderada de su partido al afirmar que en un tema de tanta sensibilidad para los chilenos “no hay nada que esperar” ni “mucho que discutir”.
Los socialistas también insistieron en la necesidad de acelerar la medida.
Para el 10 de noviembre próximo está programada una sesión especial en la Cámara de Diputados dedicada a este polémico asunto, como resultado del llamado de la Corte regional al Estado chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Como en muchos otros temas de actualidad, los partidos de la Concertación no tienen una postura única respecto a las consideraciones jurídicas sobre la posible derogación o anulación de la normativa tal como propone el Ejecutivo.
Además de Alvear, los presidentes de los partidos por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, y Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, han manifestado sus reparos respecto a ambos aspectos, indicando que les gustaría conocer bien la iniciativa de La Moneda.
Fuentes de Palacio señalaron, sin embargo, que no están de acuerdo con lo expresado por Gómez, Bitar y Alvear, manifestando que una de las banderas de lucha de la Concertación ha sido terminar con uno de los más odiados enclaves que dejó el régimen militar.
“Este es un tema que no hay que pensar tanto y llamo a los demás jefes de partido de la Concertación a respaldar con energía la propuesta del gobierno”, afirmó Camilo Escalona, presidente del PS al ser consultado por la Agencia de Noticias Prensa Latina.
Dijo que ese instrumento jurídico es “un obstáculo decisivo en la investigación respecto a la situación de más de mil 100 detenidos políticos aún desaparecidos en Chile”.
“La impunidad no es sana para una sociedad, y por el contrario lo que se necesita es que estas situaciones puedan repararse desde el punto de vista de la memoria histórica y ojalá podamos avanzar en verdad y justicia, en cada uno de los procesos en curso”, apuntó.
En esa misma línea, Ruiz-Esquide señaló que “es nuestra obligación ética terminar con este cuerpo legal, más aún si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual somos parte, nos indica que debiéramos hacerlo rápidamente”.
Santiago de Chile, 23 de octubre 2006
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