Navarro dijo que lamentablemente, sabemos que el problema de Foxley es que es genéticamente pro-norteamericano, y con este tipo de declaraciones pareciera que estuviéramos rindiendo examen de conducta.
El tema de Venezuela ha dividido al gobierno de la presidenta Bachelet. Mientras sectores pro-norteamericanos, como la Democracia Cristiana, presionan por el voto en contra, otros partidos y dirigentes de la coalición apuntan por Caracas.
En medio de un fuerte debate interno en torno al voto de Chile en el Consejo de Seguridad, el ex embajador de Caracas en Santiago, Víctor Delgado, hizo declaraciones críticas sobre el rol histórico de la Democracia Cristiana, principal partido de gobierno, que fueron consideradas injerencistas por las autoridades.
El diplomático comparó la actitud hostil de la DC hacia el presidente Hugo Chávez y su rechazo a la candidatura venezolana al Consejo de Seguridad con la oposición de esa agrupación al gobierno de Salvador Allende, que contribuyó a su brutal derrocamiento.
La cancillería pidió a Venezuela su retiro y las fuerzas políticas conservadoras y pro-norteamericanas dentro y fuera del gobierno lo utilizaron con argumento para presionar a la presidenta Michelle Bachelet a tomar distancia de la candidatura de Caracas en la ONU.
Cinco días más tarde, Chávez llamó a consulta a su embajador, pero 24 horas después el canciller chileno, Foxley, de militancia democristiana, dio a entender que esa medida no le satisfacía, hasta que Miraflores destituyera a Delgado.
En tanto, el legislador socialista indicó que cada vez es más evidente la relación entre el voto de Chile en la ONU y la dilación artificial y exagerada que se ha hecho para ratificar el TPI, donde al parecer que Venezuela es el precio que la Cancillería está dispuesta a pagar. No quisiera creer que para nuestras relaciones internacionales es más importante la compra de armas y el certificado de buena conducta de Bush, que la construcción histórica, ineludible y necesaria de la integración latinoamericana.
Navarro dijo que hay algunos que están muy preocupados por las posibles sanciones y restricciones militares norteamericanas si se ratifica el TPI. Chile no puede andar mendigando un trato especial, sino sólo exigir un trato justo que no condicione nuestros principios ineludibles de respeto y promoción de los DDHH, y menos puede aceptar el chantaje de aquellos que dilatan la ratificación del TPI, esperando un voto de Chile contra Venezuela en la ONU, y así poder exhibirlo como certificado de buena conducta ante EEUU.
El TPI fue firmado en julio de 1998 en la capital italiana y ha sido ratificado por más de 100 países. Chile también lo suscribió, pero esperaba llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de someterlo al Congreso para tratar de evitar represalias militares.
El gobierno norteamericano exige a las naciones que suscriben el Estatuto de Roma -que crea el TPI- la firma de un acuerdo que excluya a los estadounidenses de ser juzgados por ese tribunal internacional si desean evitar reprimendas en materia de defensa.
Más de 100 naciones se han adherido ya a esa instancia, pero Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no lo ha hecho por temor a perder la cooperación de Washington en materias de entrenamientos y compras de equipos militares.
Por último, Navarro señaló que Foxley no está sólo en esto. Confío en que la Presidenta resistirá esta presión interna y externa y tomará la decisión que a nuestro juicio corresponde, y no la que se está promoviendo desde una Cancillería donde el PS no está representado.
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Santiago de Chile, 5 de octubre 2006
Crónica Digital
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