El Procurador General de la Nación Argentina, Esteban Righi, ordenó la confección de un listado de todos los ciudadanos que serán convocados como testigos en futuros juicios orales a represores para garantizar mecanismos de protección por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Así lo informó hoy la versión electrónica del diario La Nación de Argentina.
En su resolución, Righi instruye al fiscal a cargo de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos para que elabore y mantenga actualizado el listado de testigos en causas que involucren a los responsables de la última dictadura militar argentina.
La medida es la primera reacción del Estado ante la polémica generada en torno a las personas que atestiguan en juicios contra represores y se da a 12 días de la desaparición de Julio López, el testigo clave del juicio en el que se condenó al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua hace casi dos semanas.
Las amenazas de ex agentes de seguridad de la dictadura argentina comenzaron a conocerse tras la desaparición del albañil que fue clave en la condena del ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. A le fecha ya se suman más de 20 casos entre testigos, jueces y fiscales que han participado en la búsqueda de la verdad en casos de violaciones a los derechos humanos.
Reacciones en Chile
Por su parte, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile entregó una carta en la embajada Argentina en Santiago, manifestando su rechazo por las amenazas que han sido objeto los testigos en caso de violaciones de derechos humanos y la vez mostraron su preocupación por la desaparición de albañil Jorge Julio López.
La situación de amenazas que han sido objeto los testigos de los represores en Argentina deja de manifiesto que los organismos de seguridad de la dictadura que operaron bajo la llamada Operación Cóndor siguen en pleno funcionamiento.
El pasado jueves 28 de septiembre en entrevista exclusiva con Cronica Digital, el ex Director General de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, denunció que los organismos de seguridad de la dictadura del general Pinochet siguen operando ya que existen denuncias de amenazas de muerte y de seguimientos a testigos y miembros de los equipos de investigadores de la policía vinculados a los casos de derechos humanos.
Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2006.
Crónica Digital
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