La medida fue adoptada en una reunión de autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana y que lideró el ministro del Interior, Belisario Velasco, en funciones de presidente interino ante la ausencia de Michelle Bachelet, de visita en Naciones Unidas.
Velasco explicó que la medida -que aseguró es repaldada por la mandataria- busca evitar situaciones como la ocurrida el 10 de septiembre, cuando encapuchados que protestaban contra el golpe militar lanzaron una bomba casera contra una ventada del Palacio de Gobierno.
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, criticó en duros términos la decisión anunciada por el gobierno que -afirma- “no aborda el problema de fondo de la violencia en Chile” y advirtió que no acatará la resolución.
“Entendíamos que el derecho a manifestarnos en las calles que rodean al Palacio de Gobierno era una conquista más de la democracia y del respeto por la ciudadanía, que en múltiples formas y con grandes sacrificios contribuyó a la derrota de la dictadura”,sostuvo.
Subrayó que después de muchos derechos pisoteados, lo menos que se puede esperar es “contar con los espacios públicos para expresar, manifestar, exigir y protestar con la responsabilidad, pero también con conciencia de que el ejercicio democrático implica riesgos”.
La entidad, que agrupa a miles de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar, calificó la medida de “apresurada, innecesaria e inconducente a la solución del problema”, que no se puede combatir con más represión.
“Ni las restricciones ni la represión resuelven los conflictos políticos, sociales y culturales que como sociedad viva enfrentamos y enfrentaremos siempre”, subrayó Pizarro.
La presidemta de la AFDD recalca que los conflictos deben ser abordados con “lógica y actitud democrática, con análisis, con reflexión, con inclusión, con participación y con conductas democráticas”.
Dijo que el proceso es más largo, “pero sus resultados más sólidos y duraderos para la sociedad”.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta arbitraria y represiva medida, y como familiares de víctimas declaramos que no la acataremos, por ser un derecho conquistado y legítimo al que no renunciaremos”, enfatiza.
La líder humanitaria resaltó que “rendir homenaje en (calle) Morandé 80 al Presidente de la República, Salvador Allende, y a todas las víctimas de la dictadura, es un gesto de profundo significado democrático y de dignidad, que ninguna autoridad ni resolución impedirá”.
La dirigenta de la organización llamó al Gobierno a revertir la medida y a “buscar en conjunto con la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, las soluciones y medidas justas enmarcadas en el Estado de Derecho y el respeto a las conquistas y del pueblo chileno”.
El tema de la violencia y el modo de combartirla divide al mundo político chileno. Mientras sectores conservadores lo atribuyen a la delincuencia, partidos y organizaciones de izquierda y progresistas lo consideran el resultado de una sociedad elitista y excluyente.
Para el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, las protestas por el 11 de septiembre constituyen una válvula de escape por la frustración e impotencia que originan la exclusión, la marginidad y la injusticia social que enfrenta el país.
“Nosotros no preconizamos hechos de violencia, pero creo que si no se toma en cuenta la situación que están viviendo amplios sectores de la sociedad, los hechos de violencia van a seguir”, advirtió.
Santiago de Chile, 22 de septiembre 2006
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