Tras ser notificado de la decisión, la ministra de Salud, Soledad Barría lamentó la decisión, pero anunció que presentará un recurso de reposición (una apelación) ante los tribunales para dejar sin efecto el fallo.
Por su parte, el vocero oficial Ricardo Lagos Weber aseguró que el Ejecutivo defenderá hasta las últimas consecuencias su política sanitaria ante los tribunales de justicia, porque «estamos hablando de salud pública, que le importa mucho a todos los chilenos».
Subrayó que al gobierno «le cabe (la responsabilidad) de acatar siempre las resoluciones judiciales», pero advirtió que éste es un procedimiento que está comenzando en el cual hará ver sus puntos de vista para que se discuta a fondo el asunto.
El Ministerio de Salud hará toda la argumentación necesaria para asegurar que la juventud pueda tener acceso a una educación sexual adecuada, a consejerías conforme a lo que dicta el reglamento, a los anticonceptivos y, si es necesario, al Postinor-2, aseguró.
Más molesto aún reacción el senador socialista Ricardo Núñez, quien afirmó que el fallo del tribunal capitalino es una vergüenza para Chile, que queda muy atrás respecto a otras naciones del mundo en esta esfera.
«Francamente me avergüenzo. No tengo otra palabra. Es una vergüenza que nuestro país es el único donde se han puesto tantas restricciones y se ha armado tanto escándalo con respecto a algo que un grupo de chilenos puede comprar todos los días», expresó.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones acogió dos órdenes de no innovar que estaban incluidas en los recursos de protección presentados por el alcalde de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Zalaquett y un grupo de particulares.
Esa medida del gobierno, anunciada la pasada semana, consistía en la entrega de asesoramiento, atención y, eventualmente, la denominada «píldora del día después» en las consultas públicas a cualquier joven mayor de 14 años que la solicite sin consentimiento de sus padres.
La nueva política, fuertemente rechazada por la jerarquía eclesiástica y sectores conservadores dentro y fuera del gobierno, busca detener una preocupante explosión de embarazos no deseados entre jóvenes y adolescentes de las capas más humildes de la población.
Núñez señaló que «de lo único que se trata es que otro grupo de chilenos y chilenas tengan la posibilidad de acceder (a la píldora) cuando han sido víctimas de una violación o sencillamente no quieren un embarazo no deseado».
La iglesia católica, en cambio, afirma que la pastilla es abortiva y atenta contra la vida, el matrimonio y la familia, y acusó al gobierno de aplicar prácticas de regímenes autoritarios. En Chile el aborto está penalizado con penas que van desde tres a cinco años.
Santiago de Chile, 13 de septiembre 2006
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