Los Diputados Eugenio Tuma (PPD) y Marco Enríquez-Ominami (PS) presentaron un proyecto de acuerdo que propone instaurar un sistema de certificación obligatoria respecto de todas las empresas prestadoras de servicios domiciliarios y de las empresas monopólicas, además de todas aquellas que ejerzan su giro en calidad de concesionarias oficiales de marcas.
Este trámite deberá ser otorgado por un certificador de acuerdo a las condiciones que señale el Reglamento General de Calidad de Servicios.
Además se propone que todas las empresas de servicios concesionarias oficiales de marca deberán contar con una autorización otorgada por la empresa matriz o dueña de la marca, y deberán contar con su debida certificación.
Asimismo, se indica que cualquier empresa prestadora de servicios podrá someterse al sistema de certificación de sus prestaciones, señalando claramente los procedimientos y reglas que ocupan. La entidad que no cuente con la autorización no podrá exhibir en sus avisos, propagandas o letreros ninguna marca comercial, salvo aquellas de que sea dueña.
Otro de los artículos relevantes plantea que una sociedad anónima, con un capital socio mínimo de 5 mil UF, podrá adjudicarse la administración del sistema mediante la presente ley. El objetivo es entregar, sin costo alguno para los usuarios, la información que se vaya recabando en relación a la calidad de las prestaciones.
Con esto los usuarios tendrán plena certeza de que efectivamente la contraprestación por la que pagan corresponde al servicio que se les presta, apuntó el Diputado Enríquez-Ominami.
Asimismo el parlamentario añadió que así se logra que una persona tenga plena certeza de estar pagando por el consumo correspondiente a lo que le entregan.
Es preciso indicar que aquellas empresas que no tengan la obligación de certificar sus prestaciones podrán hacerlo en forma voluntaria, lo que le entregará prestigio ante los consumidores.
Este proyecto de ley se funda en uno de los presupuestos básicos de un mercado ideal, como es la perfecta información. Al contar con una información adecuada, los consumidores cuentan con una información adecuada, por lo que pueden comparar y adoptar mejor decisión para sus intereses, puntualizó Enríquez-Ominami.
Esto, porque muchas veces amparados tras una marca mundialmente conocida, respecto de la cual han logrado ser empresas concesionarias o monopólicas, estafan a los usuarios cobrándoles por prestaciones que nunca se realizan o por la venta de repuestos que nunca se cambian, o bien colocando repuestos usados sin informar de esta circunstancia al consumidor, entre otras prácticas.
El objetivo es alcanzar un sistema que sea capaz de precaver el engaño y en consecuencia la estafa, no con el objeto de promover el castigo, sino al contrario de fortalecer la prevención, pues muchas veces son las condiciones del mercado las que llevan a ciertas empresas a aprovecharse y cobrar por prestaciones que no se realizan o por prestaciones deficientes, concluyó Enríquez-Ominami.
Valparaíso, 18 de agosto 2006
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