El informe de la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, difundido por el Departamento de Estado y respaldado por el presidente George W. Bush, deviene ampliación de las medidas que conforman el bloqueo de más de 40 años a la nación antillana.
Tal como se había filtrado por informaciones de prensa, el objetivo es reforzar ese asedio, como lo demuestra el planteamiento hecho en el texto de seguir el rastro a las exportaciones cubanas para impedirlas y dificultarlas cada vez que sea posible.
Las asignaciones superan los 80 millones de dólares para el respaldo a las actividades de los grupos anticubanos violentos, además de cuantiosos fondos para aumentar las campañas de propaganda hacia el interior y el exterior del país.
El Plan Bush busca, en primera instancia, incrementar los obstáculos para toda operación comercial de Cuba y prohibir el envío de remesas de los cubanos residentes en Estados Unidos a sus familiares en territorio cubano, aun a través de terceros países.
Como las anteriores disposiciones, el propósito, señalan las autoridades de la Isla, es provocar la falta de alimentos, medicinas y otros productos en Cuba, pretendiendo de esta forma doblegar la tradicional voluntad de resistencia popular.
Pero el documento ahora entregado y aprobado por Bush va más allá y traza lineamientos para incrementar la intervención norteamericana en lo que consideran será el período siguiente a la desaparición del gobierno encabezado por el presidente Fidel Castro.
Los programas sociales que garantizan la educación y la atención médica a la población cubana y su extensión a latinoamericanos y caribeños quienes, por ejemplo, recuperan su visión mediante la Operación Milagro, no tienen cabida en el proyecto estadounidense.
A cambio, se ratifica la presencia en el anhelado período postrevolucionario de una suerte de gobernador norteamericano, designado por el presidente de Estados Unidos, y quien será el verdadero gobierno en el Estado cubano.
El Plan no oculta que asegurará el derecho a la propiedad privada, o sea, la devolución de propiedades a quienes las poseían en época de la dictadura de Fulgencio Batista.
Por otra parte, habla de proveer a los cubanos alimentos, agua, combustible y equipos médicos siempre que haya en el poder un gobierno de transición aceptando la tutoría de Washington y surgido de elecciones preparadas por el gobernador designado por la Casa Blanca.
Por supuesto, se mantiene en el secreto uno de los capítulos del informe, para muchos el referente a la preparación de ataques de índole militar, incluyendo la insistencia en planes de magnicidio, reiteradamente fracasados con anterioridad.
En definitiva, el nuevo informe de la Comisión apenas introduce cambios en la estrategia de Estados Unidos contra Cuba, a excepción de subrayar la injerencia en los asuntos internos del país antillano sin mucha preocupación por esconderla a la opinión internacional.
Por: Javier Rodriguez
La Habana, 11 de julio 2006
Prensa Latina , 0, 64, 7
