Gabriela Zúñiga, dirigente de la organización humanitaria, manifestó a Crónica Digital, la alegría de la AFDD y señaló que nadie comprometido con la necesidad de Verdad y Justicia en el caso de las desapariciones forzadas de personas en el mundo entero, puede poner en duda de que se trata de un momento histórico para la causa de los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobó la Convención contra las desapariciones forzosas, para poner en la plataforma jurídica internacional a un tema que atañe hoy a muchos países del mundo, en especial, de América Latina.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, de 26 páginas, fue presentada al CDH por iniciativa de Argentina y Francia y endosada por consenso.
El documento establece que los firmantes facilitarán una ayuda judicial en los procesos contra los culpables e incluirán «el crimen de desaparición forzosa» en sus futuros tratado de extradición.
Zúñiga, dijo que la AFDD se siente orgullosa de haber sido una de las impulsoras de esta Convención conjuntamente con otras Agrupaciones reunidas en FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos). Un largo camino que hoy tiene sus frutos. La lucha contra la impunidad ha sido respaldada con esta aprobación.
Sostuvo que se hace necesario un instrumento jurídico a nivel mundial que tipificara las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad y que la jurisdicción universal para los responsables, permitiera sancionarlos estén en donde estén.
Esta Convención también impone la obligación por parte de los Estados a castigar la apropiación indebida de niños víctimas de desaparición, cuyos padres lo hayan sido o nacidos durante el cautiverio. Instaura también la prohibición de cárceles secretas y la figura del habeas corpus internacional. Requisitos todos para evitar que la desaparición forzada de personas siga llevándose a cabo como una práctica común hasta nuestros días, apuntó.
La convención, la cual deberá ser ratificada en septiembre próximo por la Asamblea General de la ONU, define las referidas desapariciones como una serie de actos conducentes a sustraer a las personas de la protección de la ley y a borrarlos del mapa.
Además, establece que esas actividades son injustificables y que en caso de ser masivas o sistemáticas serán consideradas crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.
De igual forma, obliga a los países signatarios a prevenir y sancionar penalmente «la detención, encarcelación, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales» o grupos vinculados al Estado.
Al mismo tiempo, el documento estipula que si un país descubre en su territorio a un responsable de este crimen, estará obligado a juzgarlo o extraditarlo.
La referida convención internacional prohíbe la existencia de prisiones secretas, pues nadie puede ser privado de su libertad en instalaciones clandestinas, como ocurrió con la operación Rendition, practicada por Estados Unidos.
Durante un reciente periplo por Europa, la secretaria estadounidense de Estado, Condoleezza Rice, reconoció la existencia de Rendition, mediante la cual secuestran a sospechosos de terrorismo para llevarlos secretamente a centros furtivos en terceros países.
Asimismo, se crea la figura del habeas corpus internacional y un comité de 10 expertos, quienes serán nombrados por los países que ratificaron la citada convención con la tarea de encargarse de velar por su cumplimiento.
El texto anula cualquier adopción que tenga lugar durante la desaparición de un menor o la de sus padres y obliga a regresar a los niños a sus familiares biológicos, así como a investigar e identificar a esos menores para su devolución.
La Convención también establece el derecho a la verdad y obliga a los Estados a compensar a las víctimas.
Por: Iván Gutiérrez Lozano
Santiago de Chile, 30 de junio 2006
Crónica Digital/PL , 0, 94, 3
