La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia chilena concedió este jueves la liberación del ex mandatario por cuatro votos a favor y uno en contra con impedimento de salida de la vecina nación.
El canciller peruano Oscar Maúrtua expresó un escueto “obviamente me preocupa”, cuando se le consultó sobre el caso del destituido mandatario, que huyó en 2000 a Japón en medio de un escándalo por corrupción.
Iván Montoya, procurador adjunto para procesos de extradición, expresó su temor a que Fujimori se refugie en la embajada de Japón en Santiago de Chile.
Dijo que el prófugo ex jefe de Estado podría acceder a la sede diplomática con su pasaporte japonés, ya que la disposición del Máximo Tribunal lo habilita para circular libremente por territorio chileno.
El peligro de fuga es latente en vista de los antecedentes del reclamado por la justicia peruana por 12 cargos de corrupción y violación de los derechos humanos durante su mandato, abundó el funcionario.
Corresponde a las autoridades del sistema judicial y policial chileno tomar las medidas de seguridad pertinentes para garantizar que Fujimori no burle las fronteras, expresó.
Los 12 expedientes con que el Estado peruano fundamenta ante la justicia chilena su extradición se refieren a los siguientes hechos:
1- La matanza de 15 personas en Barrios
Altos y la desaparición y posterior ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
2- El pago de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos por concepto de compensación por tiempo de servicios.
3- El pago irregular a los llamados congresistas tránsfugas para que desertaran de sus organizaciones y apoyaran el régimen fujimorista.
4- La malversación de donaciones japonesas a la ONG Apenkai, que dirigían familiares cercanos al ex presidente.
5- La compra irregular de maquinarias chinas.
6- El allanamiento de la casa de Montesinos luego que este cayera en desgracia, sin la presencia de un representante de la Fiscalía.
7- La orden para realizar interceptaciones telefónicas a políticos y principales autoridades del país.
8- La emisión de varios decretos de urgencia con la expresa intención de comprar maquinaria china.
9- La desaparición de la agente de inteligencia Mariela Barreto, y las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi.
10- Los desvíos de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional a la Casa Militar.
11- El financiamiento al astrólogo argentino Héctor Faisal y la página web Aproved, para difamar a políticos y opositores al régimen.
12- El pago de dos millones de dólares que adeudaba el publicista Daniel Borobio al sistema tributario nacional.
Lima, 19 de mayo 2006
Prensa Latina , 0, 93, 11
