Ese dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el propio magistrado el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos a raíz del golpe militar de 1973.
Los encausados son el coronel (r) Gabriel del Río, quien era el comandante de la Escuela de Artillería de Linares e intendente regional en la época, y al coronel (r) Claudio Abdón Lecaros,
La lista también incluye al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, todos en calidad de autores del delito de secuestro de Guillermo del Canto.
Según los antecedentes, el 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez en el domicilio de un primo, a quien también arrestaron por presunto encubrimiento.
Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, donde fueron interrogados, y al día siguiente el último fue liberado, pero a del Canto lo condujeron hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días.
Allí fue torturado y luego conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes, en la localidad de San Antonio, de donde sus familiares le perdieron la pista.
Otro de los procesados por el magistrado fue el general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro contra de la estudiante universitaria María Isabel Beltrán Sánchez.
También al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar, como autores del delito de secuestro en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras, cometido en una fecha no precisada luego del 8 de diciembre de 1973.
Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales, en su calidad de autor del delito de secuestro en la persona de José Alfonso Saavedra, ex dirigente sindical de la empresa CELCO, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.
Solís otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.
Santiago de Chile, 19 de abril 2006
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