Cerda, quien está a cargo del proceso de las cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet desde el pasado año, enfrenta un fuerte rechazo de sectores ultraconservadores por su decidida postura contra ex represores del régimen militar (1973-1990).
El juez fue propuesto por el ex presidente Ricardo Lagos -y ratificado por Bachelet- de una lista de cinco candidatos enviada por el máximo tribunal para ocupar la vacante por el retiro del magistrado José Benquis, quien llegó a la edad límite de 75 años.
El rechazo de los senadores ultras obligará a la bancada gubernamental a buscar apoyo en sectores más liberales de la oposición dado que no cuenta con el quórum necesario para lograr que el juez pase a integrar la Corte Suprema.
La propuesta del Ejecutivo requiere el voto favorable de dos tercios del Senado, lo que equivale a 25 de los 38 legisladores en ejercicio.
No obstante, el ministro de Justicia, Isidro Solís, y el secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, se mostraron confiados la víspera de que el magistrado que investiga el origen de la fortuna de Pinochet será finalmente aprobado.
El vocero del gobierno destacó la “gran trayectoria profesional en la búsqueda de la justicia y la verdad” del magistrado y recordó que fue propuesto por Lagos y ratificado por Bachelet en virtud de una brillante carrera en el servicio público.
Por su parte, Solís manifestó su confianza en “que la oposición evalúe los meritos del ministro Cerda integralmente, lo que ha sido su carrera judicial, su formación, sus contribuciones al ejercicio de la justicia”.
El titular del ramo anticipó, sin embargo, que en caso de que la Cámara Alta rechace el nombramiento de Cerda se mantendrá “la postulación hasta el final”.
Según explicó, en caso de que la negativa se mantenga, la Constitución establece que la Corte Suprema nombre una quina y ahí el Gobierno nuevamente deberá postular un nombre.
Cerda estuvo a punto de ser expulsado de la Corte Suprema en 1986 por encausar al entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y a unos 20 miembros del Comando Conjunto del régimen militar por la desaparición de un grupo de dirigentes comunistas.
En un valiente gesto de profesionalismo, el magistrado se negó a cumplir la orden del máximo tribunal de retirar los cargos. Fuertemente presionado tuvo luego que disculparse por escrito para evitar la expulsión.
Su rebeldía en ese y otros casos le valió bajas calificaciones profesionales, argumento que esgrimen ahora los legisladores de la extrema derecha que sirvieron de soporte político en el pasado a la dictadura militar.
El magistrado explicó ante la Comisión de Constitución del órgano legislativo que las malas calificaciones estaban vinculas a su vertical conducta en derechos humanos y dijo que no habría cambiado ninguna de sus actuaciones para pavimentar una ruta más dócil a la Suprema.
“Jamás yo habría dejado de hacer lo que he hecho en consideración a que el día de mañana eso pudiese afectarme ante algún senador para los efectos de una promoción, el juez que actúa por eso deja de serlo”, afirmó categórico Cerda.
El presidente de la comisión de Constitución, el senador José Antonio Gómez (PRSD), hizo hincapié en que el informe que sustenta esta nominación será particularmente contundente, para lo cual se dará a conocer las respuestas que el ministro Cerda dio ante ese órgano.
El parlamentario planteó que es de esperar que se vote “por los méritos técnicos” del magistrado por sobre las posturas políticas”.
El senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, dijo no obstante que el antecedente de las bajas calificaciones que marcan la carrera de Cerda “ciertamente será un elemento muy crucial” en la votación.
Santiago de Chile, 4 de abril 2006
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