El móvil que llevó al crimen del coronel Gerardo Huber quedó plenamente establecido por el juez Claudio Pavez: impedir que pusiera al descubierto las operaciones de ventas irregulares de pertrechos militares y que involucrara a oficiales del alto mando institucional.
Así lo estableció el magistrado al procesar y detener la víspera a tres ex jefes de Inteligencia del Ejército, al ex superior de Huber y a su mejor amigo, como supuestos miembros de una asociación ilícita que estaría detrás de la muerte de Huber.
“Resulta evidente que se trata de un homicidio calificado, realizado en forma planificada para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares en que intervino personal del Ejército”, sostuvo el juez tras seis meses de pesquisas.
Para Pavez, la plana mayor de la tenebrosa inteligencia castrense pretendía evitar con el crimen que el extinto coronel, relacionado en las operaciones ilegales como comprador de la Fábrica de Maestranza del Ejército (FAMAE), delatara al alto mando castrense.
En diciembre de 1991, Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas para rebeldes que intentaban separar a la entonces República de Croacia de la antigua Yugoslavia, en momentos que pesaba un embargo internacional de Naciones Unidas.
Los pertrechos militares -embalados como ayuda humanitaria- fueron descubiertos accidentalmente en el aeropuerto internacional de Budapest, Hungría. Su hallazgo desencadenó un escándalo y obligó a la apertura de un sumario que luego fue tapado por las autoridades.
Los hechos tuvieron lugar durante el mandato del presidente democristiano Patricio Aylwin, en el primer gobierno de la Concertación, y cuando el ex dictador Augusto Pinochet -quien presuntamente autorizó el embarque- ocupaba la jefatura del Ejército.
“Así evitaron que informara sobre ellas (operaciones irregulares) al juez sustanciador del sumario respectivo y que involucrara a oficiales del alto mando institucional”, sostuvo el magistrado en declaraciones a medios locales.
En estos hechos delictivos, Pavez estableció que “un grupo de individuos se organizaron para atentar contra la propiedad del Estado, las personas y encubrir a los responsables, hechos que a juicio del Tribunal constituyen el delito de asociación ilícita”.
Tras la acumulación de antecedentes fueron procesados y detenidos ayer los ex directores de Inteligencia del Ejército Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga y el ex director de Logística Carlos Krumm todos generales en retiro.
En este proceso fueron también encausados y arrestados el ex jefe del Batallón de Inteligencia, coronel (r) Manuel Provis, y el ex capitán Julio Muñoz, íntimo amigo de Huber y muy cercano a la familia.
La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, destacó este procesamiento como el primer eslabón serio para determinar la conexión entre el asesinato y el encubrimiento del tinglado que se armó para desviar dineros del tráfico de armas.
Estos fondos -se presume- iban a parar a empresas y cuentas vinculadas a Pinochet, que formarían parte de la gran fortuna -más de 27 millones de dólares- que ahora es investigada en el caso de las cuentas secretas en el banco Riggs.
Si bien la determinación del autor material del crimen es aún un punto por aclarar, la abogada estimó que respecto de la asociación ilícita falta también por saber quiénes más sabían de la operación, cómo se hizo y que instituciones del Ejército fueron involucradas.
El magistrado no descartó nuevos procesados por asociación ilícita y espera una pronta detención del autor material. El hijo del oficial, Alex Huber, valoró el fallo, pero dijo que el mayor interés de la familia es dar con el autor material.
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 9 de marzo 2006
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