Por primera vez en la cansina transición, una protesta organizada por jóvenes remece a las estructuras del poder, que respondieron con la misma lógica durante estos 16 años: un discurso insustancial, lleno de cifras rimbombantes, que en realidad son una migaja.
La Presidenta Bachelet para terminar con el conflicto propuso un paquete de medidas, que fue anunciado en cadena nacional como si se tratara de un evento de extrema importancia. Lo cierto es que la mandataria apelando al lenguaje clásico de los economistas, es decir, poniendo énfasis en números y comparaciones impactantes como el número de viviendas sociales, simplemente comunicó que el aporte anual extra para la educación será de 72.000 millones de pesos. Esto es una miseria considerando las riquezas que Chile posee.
Esta migaja demuestra que la mentada revolución educacional es una construcción más de la hábil estrategia comunicacional de los gobiernos de la Concertación. Decir que la educación es prioridad, pero asignar estos escuálidos recursos es caer en el juego de las ambigüedades y de las inconsistencias. El anuncio de Bachelet representa sólo el 0,3% de la deuda externa total del país durante 2005, o sólo el 4,9% de las utilidades que obtuvieron las principales empresas multinacionales en Chile durante el año pasado (Minera Escondida, Endesa Chile, Telefónica CTC).
Los 133 millones de dólares de la supuesta gran revolución educacional es menos de lo que ganan diariamente Matte, Luksic y Angelini. En aviones F-16, tanques Leopard I y submarinos se han gastado 2.800 millones de dólares, o sea, 20 veces los recursos que se destinarán a la enseñanza de los hijos de un Chile injusto y excluyente. Las autoridades abusan del lenguaje y ocupan espacios de ficción para comunicar sus medidas, pero esconden la verdad o la manipulan.
Por ejemplo, argumentar que estos recursos extras serán sostenidos por la mantención del IVA en 19% es seguir agudizando la tremenda desigualdad existente en Chile, que se fortalece con la actual estructura tributaria. La recaudación fiscal recae principalmente en los impuestos indirectos, que gravan al consumo, siendo el más importante el IVA que explica casi el 50% de toda la recaudación. Por otro lado, el impuesto a la renta de las empresas sólo aporta con el 17% de la recaudación. En otras palabras, los más pobres de este país terminan financiando al aparato estatal, o lo que es peor los pobres se financian a sí mismos.
Por ello, para inyectar recursos que realmente mejoren la educación se requiere una reforma tributaria, que permita, por ejemplo, garantizar la renta por la explotación de nuestros recursos naturales. Sólo así, Chile dará un verdadero salto al desarrollo.
Por: Marcel Calude. El autor es economista y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 21 de junio 2006
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